Muchas veces se dice que las y los senadores y diputados trabajan con base en sus propios intereses, o bajo los del grupo político al que pertenecen. Así lo muestra la “Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas”, en la que 66 por ciento de las personas encuestadas respondieron de esa forma.
El problema inicial es la falta de información sobre lo que realmente hacen los legisladores. Después, cuando sí contamos con los datos sobre su quehacer, no sabemos por qué lo hacen, es decir cuáles son los criterios o los elementos de análisis para proponer alguna iniciativa, o para votar a favor o en contra de un dictamen, o para llamar a comparecer a algún integrante del Poder Ejecutivo. Pero, además de eso, también nos hace falta saber más sobre el Poder Legislativo en México.
De acuerdo con los datos del “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México (http://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico/), de un total de 34 instituciones legislativas, sólo en menos de la mitad se informa cuáles son sus funciones de forma sencilla y explícita, y sólo diez ofrecen una explicación sobre el proceso de elaboración de leyes. De igual forma, menos de la mitad tiene en su página web alguna sección dedicada a la explicación de las funciones de los órganos de gobierno, es decir la Mesa Directiva, la Comisión de Gobierno o la Junta de Coordinación Política.
Veintiséis de ellas, sí publican las versiones estenográficas de los debates en el Pleno, lo que facilitaconocer qué es lo que dice cada legislador acerca de los temas que se discuten, pero difícilmente se hace de forma actualizada. Únicamente 13 de 34 instituciones legislativas en el país publican un registro en la página web de las votaciones en el pleno y comisiones. Y sólo en ocho, hay la obligación de que los legisladores presenten un informe anual de actividades – que, generalmente resultan un recuento y no una explicación y justificación real de su trabajo.
Como podemos inferir, bajo estas condiciones, resulta complicado evaluar el desempeño legislativo, por lo que generalmente terminamos diciendo que los senadores y diputados no trabajan y no nos representan. Idealmente, el Poder Legislativo en México tendría que hacer efectivas las leyes que sus integrantes elaboran, dictaminan y aprueban. En la realidad sucede de forma incompleta o, incluso, en sentido contrario.
En septiembre comenzará una nueva legislatura y con ella, una serie de propuestas nuevas acerca de las leyes que tenemos. Hay varias reformas pendientes que siguen siendo parte de las que, para resaltar su importancia, se les llama “estructurales”. Entre ellas están las relacionadas con el combate a la corrupción, la transparencia y el acceso a la información pública.
En particular, el Congreso federal deberá presentar e implementar un “programa de reorganización administrativa” para adaptarse a las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia. Si bien esta cláusula no debería ser indispensable para que el Poder Legislativo cumpla con sus obligaciones de transparencia, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, podrían utilizarla para resolver las limitaciones que se identificaron en el Diagnóstico que mencionamos arriba y cumplir sus compromisos sobre Parlamento Abierto, y de esta manera responder a las exigencias, necesidades y derechos de la sociedad.
