Recomendados, amiguismos y compadrazgos: el riesgo en la selección de los magistrados anticorrupción

Recomendados, amiguismos y compadrazgos: el riesgo en la selección de los magistrados anticorrupción

Uno de los pilares fundamentales del anhelado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que será la encargada de realizar tareas desafiantes: determinar responsabilidades administrativas graves (entre funcionarios públicos y/o particulares) y ordenar la reparación del daño causado por actos de corrupción.

El proceso para que este Tribunal entre en funciones parte de la obligación que tiene el titular del Ejecutivo Federal de seleccionar a 18 magistrados, quienes deben ser ratificados por la Cámara de Senadores*. Este paso se dio en abril pasado, cuando el presidente Enrique Peña Nieto propuso un listado compuesto por un total de 13 hombres y cinco mujeres para ocupar estos cargos. Desde entonces, la designación de las y los magistrados ha estado alejada del escrutinio público, toda vez que no se han transparentado algunos elementos básicos sobre la decisión del Ejecutivo, como lo son la debida justificación que respalde la selección de los perfiles, y la descripción de su experiencia y trayectorias profesionales.

Es precisamente ‘el perfil’ de las y los magistrados lo que emerge como un tema central de la designación pues —una vez más— estamos frente a un escenario político en el que se disputa la selección de funcionarios públicos, entre amigos (as), compadres y personajes recomendados (que pueden estar lejos de ejercer cabalmente las obligaciones que marca la ley) versus profesionales con credenciales y trayectoria en el ámbito del combate a la corrupción.

Ante este panorama, diversas voces de la sociedad civil hemos insistido en la importancia de tener perfiles independientes, con la preparación y la experiencia probadas para desempeñarse como juzgadores del máximo tribunal anticorrupción del país. Desde el observatorio Designaciones Públicas se han subrayado las características que debe cumplir un perfil idóneo (de funcionario público).

En el caso de las y los magistrados del tribunal este observatorio señala que deben ser “figuras autónomas, independientes, imparciales, ajenas a cualquier conflicto de interés, que cuenten con prestigio y reputación pública en su trayectoria profesional y sobre sus capacidades profesionales, con conocimiento legal altamente competente y experiencia en materia de responsabilidades de servidores públicos y administración de justicia”. Todas estas son cualidades valiosas y, sobre todo, necesarias para delinear el perfil de estas (os) funcionarios.

Ahora, la Cámara de Senadores tiene la responsabilidad de ratificar a las y los magistrados que formarán parte del TFJA. En las y los legisladores recae la tarea de investigar y evaluar con profundidad los perfiles sugeridos por el ejecutivo, sus conocimientos, trayectoria, reputación y, como se comentó anteriormente, de advertir los posibles conflictos de interés que puede implicar su nombramiento.

A lo anterior, se suma la urgente necesidad de que este proceso de designación y consecuente ratificación tenga legitimidad y genere confianza en la ciudadanía. Para que esto sea posible debe de cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esta es una ‘tríada’ esencial que, más allá de su valor para la democracia, supone —en la práctica— que se implementen acciones concretas.

Entre las principales, es necesario activar un mecanismo para que la sociedad en general, organizaciones civiles, academia, y sector privado puedan emitir opiniones o enviar preguntas a los y las magistrados, y de esta manera se pueda garantizar la participación ciudadana; divulgar información sobre los perfiles de las y los candidatos, así como los criterios para su valoración; y en aras de rendir cuentas se tiene que publicar la votación y la motivación de las decisiones, tanto del Ejecutivo como de las y los senadores.

La designación de estos (as) magistrados es un asunto de gran relevancia para el funcionamiento de una instancia fuerte y autónoma que cumpla con el objetivo de combatir y sancionar prácticas corruptas. En suma, es indispensable que el TFJA cuente con credibilidad y el respaldo de la sociedad en su conjunto y ello se debe implementar desde sus cimientos.


* Las y los magistrados deberán ser ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.


[ Por Gina Ileana Chacón ]

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