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Recortes presupuestarios y su impacto en la salud reproductiva de las mujeres

La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 26 mil 761 millones de pesos, lo que significa un aumento de 0.3% en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016, que fue de 25 mil 898 mdp, gracias a las acciones que las organizaciones de la sociedad civil -sobre todo organizaciones de mujeres- y el punto de acuerdo a través del cual senadoras de la República exhortaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, quienes exhortaron a que se adoptara una perspectiva de género y se aumentaran las partidas presupuestales del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”[1].

La razón de ser del anexo 13 es hacer efectiva la política de igualdad de género mediante la asignación y el aseguramiento de recursos públicos, por lo que los recursos etiquetados, entre otras cosas, son destinados para implementar los sistemas para las leyes: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres[2] y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia[3], así como para la prevención de la muerte materna (MM), y la atención a la salud sexual y reproductiva.

Aunque aparentemente no hubo una disminución en los recursos, en el nivel más desagregado de identificación administrativa del gasto, es decir ¿a quién se asignan? Y ¿quién los ejerce?, es en realidad dónde podemos apreciar mejor las afectaciones directas a las que las mujeres destinatarias de programas tendrán que enfrentarse. Por ejemplo, los recursos que son etiquetados desde el Anexo 13, para el Ramo 12 Salud, tendrá un recorte de -4.33 (50 millones 717 mil pesos); al pasar de más de  5 mil 364mdp, a 5 mil 132 millones de pesos constantes. En el siguiente eslabón de la cadena están los recursos destinados a salud materna, sexual y reproductiva, cuya tasa de crecimiento fue de -10.33, al pasar de 2 mil 422 mdp en pesos constantes en 2016, a 2 mil 172  millones de pesos constantes en 2017.

Para que nos demos una idea de las implicaciones directas que tendrán las mujeres en lo local, y en un nivel más específico, los recursos que se destinaron vía AFASPE 2016 Ramo 12 (etiquetados desde el Anexo 13) para la Secretaría de Salud de Guerrero en 2016, fueron de 95.29 mdp, y según el recién publicado Convenio AFASPE 2017, el presupuesto decreció -46.50, al quedar en 50.98 mdp. El programa de Salud Materna y perinatal estatal es financiado con estos recursos, y fue castigado con un recorte del -47.04, al pasar de 38.11, a 20.18 millones de pesos constantes para 2017.

Estos recursos se utilizan en la capacitación de personal médico, contratación de parteras profesionales, intérpretes y posadas para la atención de las mujeres embarazadas (AME), siendo las principales estrategias que el gobierno del estado de Guerrero ha diseñado para mejorar la salud materna y reducir la muerte materna en la entidad.

Ante escenarios dónde de por sí son enormes las precariedades en los servicios estatales de salud, la insuficiencia de los recursos públicos con recortes tan importantes, agrava la situación de las mujeres usuarias de los servicios, para muestra un botón; el programa de salud materna para 2017 ya no incluyó como indicador las posadas AME, que según el Secretario de Salud de Guerrero, el Dr. Carlos de la Peña Pintos.

durante su comparecencia en el congreso local a finales del año 2016, estaban funcionado 45 posadas AME y proyectaba que para 2017 se echarían andar otras 7.

¿Qué va a pasar con las usuarias de estas posadas? las afectaciones serán importantes, pues las mujeres suelen alojarse allí cuando tiene embarazos con riesgos a su salud y sus comunidades quedan a 5 u 8 horas, seguramente desembolsarán de su bolsillo para solventar su estancia y la de sus familiares o simplemente regresaran a casa. Por eso es que el presupuesto no debe recortarse, sino al contrario, deben ser progresivos y el Estado mexicano tiene la obligación de asignar el máximo uso de recursos disponibles, para lograr el cumplimiento de su derecho a la salud, como de los derechos reproductivos y sexuales.

También es indispensables que como sociedad civil sigamos monitoreando el cumplimiento de los programas y política pública, exigiendo mayor asignación de los recursos públicos, con más transparencia, y una rendición de cuentas real de la gestión pública.

[1] http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3444711_20161110_1478803013.pdf

[2] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf

[3] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf


 [ PorMatilde Pérez ]

[ Artículo en El Universal ]