Casi dos décadas de estabilización económica han empantanado la capacidad del Estado para conducir la política económica nacional hacia el crecimiento sostenido. Gerardo Esquivel lo dice muy claro: “la política económica en México se maneja, prácticamente, con un ‘piloto automático’ que depende de factores exógenos concretamente la economía norteamericana, y que, por otra parte, tiene un carácter de tipo procíclico en materia de política fiscal o que puede exacerbar los efectos negativos de choques exógenos mediante las decisiones de política monetaria”. ¿Qué puede hacer el nuevo gobierno priísta ante este escenario? El Pacto por México y las discusiones y consultas amplias sobre el Plan Nacional de Desarrollo permiten un espacio de reflexión sobre las transformaciones profundas que tendrían que hacerse en el Estado para lograr mejores condiciones de vida para las personas.
Una de esas modificaciones, quizá la más urgente, tiene que ver con cómo financiar al Estado para que cumpla con sus obligaciones de derechos humanos: ¿con qué recursos se aseguran niveles mínimos de bienestar que permitan a las personas vivir una vida digna? ¿Cómo aseguramos que existan los recursos para que todas las personas gocen de sus derechos (acceso a la salud, la educación, alimentación adecuada y nutritiva, vivienda, trabajo, un medio ambiente sano y espacios públicos seguros, entre otras)? Y, ¿cómo hacemos que la construcción de las instituciones sea además democrática y participativa? Las respuestas técnicas a esas preguntas no son simples: la vinculación entre el manejo de las finanzas públicas y los derechos humanos apenas empieza a ser explorada y hay pocos casos en el mundo que sirvan como referentes. Hasta hace muy poco, los esfuerzos de quienes administran los recursos públicos en México se centraron en estabilizar la economía. La sucesión de crisis que el país sufrió desde los ochenta hicieron urgente la búsqueda de estabilidad a través de disciplina y orden en las finanzas públicas.
Hoy la discusión tiene que ser distinta: tenemos que decidir como país cómo vamos a garantizar los derechos de toda la población para lo cual, en primera instancia, necesitamos saber con cuántos recursos podemos contar. La mayoría de los recursos públicos proviene de cuatro fuentes: los impuestos, los derechos (sobre todo por el uso de hidrocarburos), los ingresos de organismos y empresas públicas como PEMEX, la CFE, el IMSS o el ISSSTE y los ingresos por “financiamientos” o la deuda que adquiere el gobierno federal. Se ha vuelto un lugar común decir que México es el país de la OCDE y uno de los últimos de Latinoamérica en la recaudación de impuestos como proporción del PIB. También ha regresado a la discusión la posibilidad de cobrar un Impuesto al Valor Agregado sobre alimentos y medicinas y, de esa manera, aumentar la recaudación. Hace algunos meses, Santiago Levy propuso financiar un sistema universal de salud con este aumento del IVA, que es vista como una solución práctica cuando se compara con recaudar otro tipo de impuestos porque se trata de un impuesto al consumo; es decir, relativamente más fácil de cobrar. Sin embargo, los impuestos al consumo suelen ser más regresivos que otros impuestos (como los impuestos sobre la renta o la propiedad): aunque quienes más consumen paguen más impuestos, cuando se observa su efecto en los salarios por niveles de ingreso, lo que ocurre es que quienes menos tienen gastan una proporción mayor de su ingreso en consumir (a diferencia de quienes más tienen, que destinan menos proporción de su ingreso al consumo). Quitarle las tasas cero al IVA sobre alimentos y medicinas, si bien podría parecer una solución práctica y más o menos fácil de implementar, no contribuirá a revertir la desigualdad, sino que muy probablemente la incremente.
Y es aquí en donde tiene que estar el debate: el financiamiento del Estado mexicano tiene que partir de la justicia fiscal y la recaudación tributaria tendría que contribuir en la reducción de la desigualdad. En un estudio reciente para el Banco Interamericano de Desarrollo, Martín Ardanaz y Carlos Scartascini encontraron que existen áreas geográfica sobrerrepresentadas (distritos electorales que tienen un mayor número de representantes en relación a su proporción poblacional) que votan por partidos alineados con las élites. Estas desproporción legislativa parece condicionar la relación entre desarrollo económico y dependencia fiscal en impuestos al ingreso: “entre mayor es la desproporción, más débil es el efecto de los impuestos al ingreso personal en el ingreso per cápita”.
Este estudio encuentra que esta relación es especialmente clara en Latinoamérica: hemos democratizado el acceso al poder, pero no hemos logrado democratizar el acceso a los recursos públicos ni el cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos no son concesiones graciosas o simples compromisos morales. Son obligaciones de Estado. Para que sean una realidad en nuestro país y no una ficción, el Estado mexicano requiere recursos para implementar políticas públicas que los respeten, protejan y garanticen. Por esta razón es que la Reforma Fiscal nos interpela a todos y tendría que ser discutida con toda la información disponible y la participación de la mayor cantidad de actores. ¿Tendrá la Secretaría de Hacienda la disposición de abrir el debate?
Por: Diego de la Mora Maurer
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