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El principal instrumento legislativo con el que cuenta nuestro país para cumplir con las obligaciones internacionales de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante Ley General), y el próximo año, cumplirá diez años desde su aprobación. Por ello, en este espacio queremos compartir algunas reflexiones de lo que ha significado la aprobación de este instrumento legislativo y que ha sido fundamental para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como ir identificando las ventanas de oportunidad que desde diversos sectores, se pueden construir para reducir las brechas en la implementación.
La aprobación de la Ley General debe leerse como parte de un proceso de institucionalidad del género en la agenda pública del Estado, en donde diversos actores y momentos políticos han contribuido a conformarla. Las exigencias de diversos colectivos feministas, académicas, medios de comunicación, organizaciones de madres de familias y organizaciones de derechos humanos se hicieron escuchar frente al Estado mexicano para que respondiera a la lamentable situación de violencia contra las mujeres, visibilizada por ejemplo en los feminicidios de Ciudad Juárez a finales de los noventa y en el 2000.[1]
Lo anterior contribuyó a que diversas organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos exigieran al Estado adoptar respuestas adecuadas para investigar los feminicidios en Juárez, además de proporcionar acceso de las víctimas a la justicia.[2]
El proceso de cambio político en México iniciado en el 2000 representó una oportunidad para incluir en la agenda política los temas de derechos humanos y de género como parte sustancial de la democracia que se estaba construyendo.[3] Así, la nueva configuración del Estado crea un entramado institucional y normativo para darle visibilidad y permanencia a los temas de género en la agenda pública.
Con esa lógica se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) dependiente del Poder Ejecutivo y con el objetivo de dotarle mayor fuerza a sus atribuciones, además, en 2003 se crea la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para Ciudad Juárez, cuyas funciones se ampliaron al territorio nacional en el 2009.[4]
Por otro lado, las acciones afirmativas adoptadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimeintos Electorales (COFIPE), impactaron positivamente en la representación de mujeres en el Poder Legislativo. De hecho, la LIX Legislatura (2003-2006) se distingue por haber contado con el mayor número de mujeres alrededor del 25% en la Cámara de Diputados y el 22% en el Senado.[5]
Fue precisamente en esta Legislatura que se comenzó con la discusión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que, gracias al “pacto político entre mujeres” que se mantuvo en la LX legislatura, logró concretizar la aprobación de la Ley General, la cual reconoce las distintas formas de violencias contra las mujeres, propone la coordinación institucional para prevenir, proteger y erradicar la violencia, además de contar con un presupuesto para asegurar su implementación.[6]
A los casi 10 años de la aprobación de la Ley General, las organizaciones de la sociedad civil, académicas y tomadores de decisión, tenemos la oportunidad de hacer un corte de caja sobre aquello que ha funcionado y lo que requiere una mayor revisión para que la puesta en marcha de la Ley General, sea efectiva. Un claro ejemplo es reflexionar en torno a la utilización que los gobiernos del Estado de México, Morelos y Jalisco, están haciendo al decretar la alerta de género como mecanismo establecido en la Ley para poner en marcha acciones de emergencia, sin que se reflejen cambios sustanciales en el número de feminicidios ni las condiciones en que viven las mujeres.
Finalmente, los diversos diagnósticos[7] que hemos realizado desde Fundar nos han permitido identificar la importancia de hacer efectiva la coordinación institucional no sólo para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las mujeres, sino para garantizar la implementación de los distintos Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación. Sin duda, estamos ante una oportunidad de discutir, revisar y reforzar los mecanismos previstos por la Ley General para reducir las brechas de implementación para verdaderamente, garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
[1] Lagarde y de los Ríos, M., 2008. Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos de Las Mujeres. Retos Teóricos y Nuevas Prácticas (Anthropology, Feminism and Politics: Feminicide Violence and Human Rights of Women. Theoretical Challenges and New Practices). Recuperado el 7 de julio de 2015
[2] Entre el 2002 y el 2012 se hicieron cerca de 40 recomendaciones al Estado mexicano.
[3] Guzmán, V. 2001. La Institucionalidad del género en el estado. Nuevas perspectivas de análisis. CEPAL. Santiago Chile.
[4] Decreto de creación de un organismo encargado de coordinar una política nacional para atender la situación de violencia en contra de las mujeres publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de junio de 2009.
[5]http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/015_equidad_y_genero/002_antecedentes
[6] Entrevista con Elsa Conde, ex diputada de la LX Legislatura y en dónde fue Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
[7] Lachenal, C. & C. Toledo. 2015. Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México. Fundar. México; Lachenal, C. & C. Toledo (2016). Más allá de las Leyes de Violencia Doméstica en América Latina: Los retos de los servicios de Protección para mujeres sobrevivientes. Evidence and lessons from Latin America (ELLA), México. Disponibles aquí
