Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Salida de emergencia

En el orden del día de la décima reunión plenaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el único punto específico a atender en la agenda de trabajo fue el análisis, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional (LSN).

Para poner en relieve y situar el contexto en el que se inscribe dicha discusión, es importante traer a cuenta algunos elementos de esta controvertida iniciativa que en abril de 2009 fue presentada por el Ejecutivo federal y que desde entonces, ha transitado –en el cuerpo de una minuta con proyecto de decreto– entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Fundamentalmente la controversia, planteada por un importante grupo de organizaciones civiles y sociales de derechos humanos y de reconocidos expertos y académicos, se sitúa ante la posibilidad de regularizar la participación del Ejército en tareas de seguridad y de ampliar las facultades de las fuerzas armadas –al inscribir su actuación bajo un régimen de excepcionalidad y de suspensión al ejercicio de derechos–. Lo anterior es sumamente grave porque hay una ausencia de controles democráticos y no responde al contenido de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, ni a estándares internacionales en materia de seguridad y derechos humanos, ni a las obligaciones del Estado mexicano ante la Corte Interamericana como resultado de las sentencias emitidas para los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Durante el encuentro que sostuvieron representantes del Congreso de la Unión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (Movimiento por la paz) que encabeza el poeta Javier Sicilia y otras organizaciones de la sociedad civil, se subrayó el interés de detener el dictamen de esta Ley y de trabajar otra iniciativa que tuviera como énfasis la definición de una política de Estado integral en materia de seguridad. Esto se da frente a las condiciones de inseguridad que padece la ciudadanía –a diferencia de la actual política de seguridad enfatiza la seguridad del propio Estado frente a la de la población– y frente a la necesidad de una reforma a la actual LSN que incluya mecanismos y controles democráticos que prevean la participación ciudadana para su elaboración, diseño e implementación. Dado que es indispensable dar prioridad a garantizar y cumplir las libertades civiles y los derechos humanos de la ciudadanía.

Sin embargo, tras la aprobación que tuvo lugar hace unos días del dictamen de Ley de Seguridad Nacional en sesión plenaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, los integrantes de dicha Comisión dieron una muestra de las extrañas formas de hacer política que tienen nuestros legisladores. La votación en lo general con 26 votos a favor y sólo uno en contra, es evidencia fáctica de que a lo largo del proceso de discusión de dicho dictamen, las consultas y audiencias públicas (que tuvieron lugar del 7 al 9 de junio del presente), el foro nacional “Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos” (realizado el 21 de junio) y el encuentro con representantes del Movimiento por la Paz sostenido el pasado 28 de julio, no han sido otra cosa más que una simulación.

Y es que a pesar de la insistencia de las organizaciones de derechos humanos sobre la necesidad de incorporar a este debate las opiniones, evidencias, perspectivas y argumentos expresados por expertos, académicos y diversos sectores de la ciudadanía en distintos foros públicos; y pese a la solicitud explícita de frenar esta iniciativa durante el encuentro en el Alcázar de Chapultepec, los legisladores optaron por una salida de emergencia que abreviara estas dificultades y pusiera en el futuro mediato la solución de su aprobación.

Quisiéramos pensar que las reservas al proyecto presentadas por cada una de las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Gobernación alientan la esperanza de la sociedad civil de incluir sus reflexiones y análisis a la discusión técnica del contenido de dicha iniciativa; pero lo cierto es que la aprobación de la minuta fue una muestra de que la discusión política ya tuvo lugar y de que las piezas están dispuestas en el tablero para un último movimiento.

Miguel Moguel