En un contexto de crisis humanitaria por la que atraviesa el país, el gobierno de Calderón y la mayoría de nuestros representantes en el poder legislativo han olvidado que uno de los objetivos primordiales que dio origen a la conformación del estado-nación fue la protección de la población y del territorio que ésta habita. En el caso mexicano, esta razón de ser se ha relegado a un segundo plano a favor de la protección del Estado por resguardar el Estado en sí mismo (leer también gobierno); al priorizar la seguridad de sus instituciones por encima de la seguridad de las y los ciudadanos que somos parte de la nación mexicana y de los extranjeros que se encuentran dentro de los límites de nuestras fronteras.
El haber dejado a un lado la protección de la población, tanto en los hechos de los últimos cinco años como en los debates jurídicos actuales, se traduce en los peligrosos niveles de inseguridad y de violencia que dejan ahora a la población en mayores condiciones de vulnerabilidad. Este fue el mensaje que insistentemente se repitió desde diversos foros ciudadanos realizados en las últimas semanas. El primero, la Caravana por la Paz y la Justicia, que recorrió el norte del país; el segundo, las audiencias públicas realizadas entre el 7 y el 15 de junio sobre la Ley de Seguridad Nacional; y el tercero, el Foro Nacional, “Seguridad Nacional y Derechos Humanos” que se llevo a cabo el 21 de junio (éstos últimos realizados en la Cámara de Diputados).
En el caso de la Caravana, uno de sus grandes logros fue, sin duda, darle voz y eco a los testimonios de las víctimas de la violencia y visibilizar con ello la dimensión humana de la crisis actual. La Caravana culminó en Ciudad Juárez, en actos que incluyeron mesas de trabajo para ir trazando una ruta inicial, un punto de partida necesario para dar cauce a reclamos colectivos y generar nuevos procesos organizativos. Al parecer, en las mesas hubo varios puntos de divergencia entre los actores de la sociedad civil que participaron, sobre todo frente al tema de exigir o no el retiro del ejército de las calles. Mientras algunos ciudadanos expresaron la necesidad de su presencia, otros exigieron su salida inmediata. Sin embargo, lo que ambas posturas guardan en común es la exigencia de que el gobierno priorice la protección de la población y que resguarde el orden público mediante el fortalecimiento de proyectos de carácter social.
En cuanto a los foros que tuvieron lugar en la Cámara de Diputados, se insistió que confundir la seguridad nacional con la seguridad de las instituciones tendría consecuencias graves para la ciudadanía. Expertos en la materia, académicos y miembros de organizaciones de derechos humanos apuntaron que en el documento de trabajo de la Ley de Seguridad Nacional el concepto de seguridad nacional consiste en “prevenir y hacer frente a los peligros que pueden afectar la existencia, permanencia, estabilidad, soberanía e independencia del Estado”, dejando en un segundo término la “tranquilidad, desarrollo de la sociedad”. Frente a los peligros que esta priorización podría generar, la mayoría de los ponentes coincidieron en la necesidad de adecuar cualquier dictamen de esta Ley a las nuevas exigencias que implica la reforma constitucional en materia de derechos humanos y a los principios de seguridad ciudadana.
La Comisión de Gobernación tiene hasta el 5 de julio para elaborar un nuevo dictamen, que posteriormente será discutido entre las Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Defensa. En esta coyuntura, las y los legisladores tienen la enorme responsabilidad de incorporar las demandas ciudadanas expresadas en estos foros; demandas que exigen elaborar y aprobar marcos normativos que fortalezcan la seguridad nacional, partiendo del hecho de que la nación somos todas y todos los mexicanos y que por lo tanto, la seguridad nacional significa nuestra propia seguridad antes que otra cosa.
Mariana Mora
