En estos momentos, la administración del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, es investigada por el desvío de casi 1,900 millones de pesos de recursos federales. De igual forma, la ex líder del sindicato de trabajadores de la educación, Elba Esther Gordillo, es acusada de lavado de dinero. Ahora, está bien que se investiguen estos casos, pero el problema estructural de la corrupción no se resuelve sin un esfuerzo serio de prevención. Para fortalecer la confianza en las instituciones públicas en México y evitar que haya más casos como estos, los servidores públicos deben hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Así se podrá avanzar hacia el combate a la corrupción y darle sustancia a los compromisos del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Pacto por México.
¿Qué son las declaraciones patrimoniales? Son documentos, físicos y/o electrónicos en los que cada servidor público describe su situación financiera e incluyen los bienes muebles e inmuebles, inversiones, valores, propiedades, acciones, etc. Las declaraciones patrimoniales son instrumentos para el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas porque sirven para detectar y prevenir actos de corrupción, como el enriquecimiento ilícito y los conflictos de interés. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que la presentación es obligatoria, pero no así su difusión. Es decir, la transparencia queda a la voluntad de los servidores públicos.
¿Por qué es importante que las declaraciones patrimoniales sean públicas? Al serlo, las y los ciudadanos podrán conocer si los servidores públicos se desempeñan de manera transparente y honesta, y sancionarlos en caso contrario. No hay mecanismo de control ciudadano que no esté abierto al escrutinio público. Ahora bien, muchos argumentarán que al hacer públicas las declaraciones patrimoniales se violenta el derecho a la privacidad de las personas y/o se compromete su seguridad al exponer sus datos personales. Aquí hay que recordar que la privacidad de los servidores públicos no puede ser la misma que la de cualquier persona debido a las funciones y los recursos públicos que manejan. Segundo, para prevenir el uso inadecuado de la información hay una solución mucho más sencilla que la secrecía: crear versiones públicas que omitan datos personales de los servidores públicos (como domicilios y números de cuenta).
Ahora bien, el presidente Peña Nieto presentó una versión pública de su declaración patrimonial y también hay otros servidores públicos que hicieron lo mismo. Sin embargo, sólo podemos conocer el tipo de bienes inmuebles y muebles no el monto y, de forma muy general, sus inversiones, pero sin la información básica necesaria para asegurar que no puedan entrar en conflicto con su ejercicio como servidores públicos. Es necesario tener acceso a esta información para conocer posibles variaciones súbitas o anómalas en el patrimonio y contar con los elementos para evaluar las decisiones públicas respecto a los intereses develados y definir si existen conflictos con la función pública.
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá oportunidad de discutir el tema del acceso público a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales. La SCJN tiene enlistado un amparo en revisión que deriva de la solicitud de acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales de la LXI Legislatura, misma que fue negada por la Auditoría Superior de la Federación. La resolución de la SCJN puede sentar un precedente para obtener las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos.
Si bien esto no será una solución definitiva para la corrupción, definitivamente ayudará a controlar las desviaciones en el ejercicio de la función pública. Por lo mismo, es fundamental que nos unamos a esta campaña para que Senadores, Diputados, el presidente y todo su gabinete hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
José Knippen
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