En México, según el artículo 134 de la Constitución, la propaganda debe tener “carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”. Las dependencias del gobierno federal pueden hacer uso de los medios de comunicación para promover la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la discriminación, fomentar la participación ciudadana y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, excepto en los periodos electorales. Sin embargo, de acuerdo a los datos recopilados por el proyecto de Publicidad Oficial de Artículo 19 y Fundar, el gobierno federal incurre en conductas irregulares tanto en el uso de los recursos públicos (sobreejerce recursos) como en el dispendio de los mismos (aumentan año con año un gasto superfluo en contextos de requerimientos apremiantes para gran parte de la población mexicana).
Esta práctica es replicada por los gobiernos estatales: según la cuarta edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en entidades federativas “La libertad de expresión en venta. Acceso a información y censura indirecta en publicidad oficial”, que se presentó este miércoles 26 de agosto, las entidades federativas gastaron 5,639 millones de pesos en publicidad oficial tan sólo en 2013.
El abuso de la Publicidad Oficial, además de distorsionar el debate democrático a partir de presionar e incidir en la línea editorial de los medios de comunicación con el uso discrecional (y en muchos casos discriminatorio) de los recursos públicos, plantea una serie de dilemas para el sistema político mexicano.
En primer lugar, se trata de un problema de mala administración de recursos públicos que son utilizados para fines poco claros y de manera ineficiente: en lugar de servir para los objetivos que dictan las leyes y normativas correspondientes (promover los derechos humanos, informar sobre las nuevas políticas que benefician a la población o sobre las leyes que han sido modificadas, entre otras) el gasto en publicidad oficial se utiliza, en muchos casos, en campañas que ensalzan los logros de los gobiernos y de los servidores públicos o para promover una agenda específica de los gobernantes, en lugar de proveer información de interés público.
En segundo lugar, se trata de un problema de falta de transparencia. No conocemos, con precisión, cuánto se gasta en Publicidad Oficial. A nivel federal, existen por lo menos tres fuentes de información sobre los montos asignados y ejercidos para este tipo de gasto: los documentos presupuestarios (el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal son los más relevantes), el Sistema de Comunicación Social (COMSOC) y el Informe de Gobierno del Presidente de la República. Se esperaría que dichos documentos tuvieran información similar sobre la asignación y el ejercicio del gasto. Sin embargo, según el comparativo realizado por Artículo 19 y Fundar, las cifras provenientes de estas fuentes muestran, para 2013, claras diferencias y ponen de manifiesto la divergencia de criterios entre las distintas dependencias que las publican.
En tercer lugar, existe un problema con el marco legal que regula la publicidad oficial: no existe una ley específica, sino múltiples leyes y normas que crean un esquema complejo en el que se diluyen las responsabilidades para la toma de decisiones. El documento legal que regula esta actividad es una normativa secundaria que se modifica constantemente y que no prevé responsabilidades administrativas o sanciones penales.
Los problemas descritos generan consecuencias graves para gozar del derecho a la información y para ejercer una deliberación democrática cabal: cuando la Publicidad Oficial no tiene límites y regulación clara, se crean las condiciones para que se practique la censura sutil o indirecta, mediante la cual los medios de comunicación obtienen premios o castigos de acuerdo a qué tanto critican o aprueban al régimen. Este problema afecta la calidad del debate democrático y el derecho a tener información objetiva, porque los medios de comunicación no ejercen la libertad suficiente para definir su línea editorial.
Artículo 19 y Fundar llevan más de cinco años exigiendo que se rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos para Publicidad Oficial. En este periodo hemos generado una serie de propuestas que podrían mejorar las condiciones en las que se usan los recursos públicos y evitar el despilfarro de recursos en una actividad que no es prioritaria. Se requiere una Ley sobre Publicidad Oficial, un sistema de sanciones creíbles y que se apliquen para quienes abusen de dichos recursos, un uso más racional del presupuesto para estas actividades y mayor información sobre los impactos que tiene esta forma de comunicación.
