Resulta alarmante que en un país como el nuestro, con un régimen político aparentemente democrático, los costos de servicios básicos como la luz eléctrica estén subiendo indiscriminadamente y que la gente no pueda organizarse, protestar, exigir accesibilidad a un bien público reconocido como derecho humano, sin enfrentar represalias. Es por demás grave que el Estado pueda desentenderse de obligaciones adquiridas en cuanto a la realización de derechos humanos, que no le interese ver mermada su legitimidad y que no sienta siquiera la necesidad de reducir los conflictos sociales.
El contexto en el que vivimos tiene rasgos inequívocamente antidemocráticos, puesto que el Estado puede atropellar derechos que al parecer se tenían conquistados; como es el caso del derecho a la libertad de expresión (Art. 6 constitucional) y a la manifestación de las ideas y libre asociación (Art. 9 constitucional). Y no sólo eso, existe una tendencia a criminalizar a los defensores de derechos humanos, como con los casos de Lucila Betina Cruz Velázquez y Francisco Hernández Ochoa. Apenas la semana pasada, Lucila y Francisco fueron apresados por la Procuraduría General de la República como respuesta a las denuncias interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad. A ambos se les imputaba delitos contra el consumo y las riquezas nacionales; y en el caso de Betina, se le acusaba de privación ilegal de la libertad a funcionarios de la CFE cuando realizaba una protesta en las oficinas de esta dependencia en el Istmo de Tehuantepec.
En realidad, tanto Betina como Francisco participan junto con más personas en la exigibilidad de cuotas justas y accesibles para el servicio de luz eléctrica, de modo que se reconozca en la práctica y no sólo en papeles, que la luz eléctrica es un derecho humano, no una mercancía que se vende y compra a precios de mercado.
Tanto Betina como Francisco consiguieron su libertad mediante el pago de fianza; no obstante, los cargos y procesos judiciales siguen en pie. Pero asumir que estos hechos son parte de una normalidad, el naturalizarlos, pasarlos por alto es riesgoso. Vivimos una contradicción al creer que coexistimos bajo un régimen político democrático, pero en donde nuestra acción, expresión y participación están permitidos siempre y cuando no amplíen, inspiren o motiven la exigibilidad de derechos.
¿Cómo se consigue la realización de un derecho sino con la exigencia y participación de la gente? ¿De qué otra manera se puede materializar la garantía de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia (PIDESC, Art. 11)? ¿Cómo se avanza para que toda persona tenga derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos (Protocolo San Salvador, Art. 11)?
¿Porqué el Estado mexicano atropella derechos de las personas que buscan accesibilidad a la luz eléctrica cuando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer lo obliga a adoptar medidas apropiadas que le asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones (Art. 14, inciso h) Es con estas inquietudes que desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, nos sumamos a la cadena de esfuerzos de otras organizaciones, colectivos y personas que no están de acuerdo con que se criminalice la exigibilidad de derechos.
Daniela Ramírez
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