La transparencia, es decir el flujo constante de información publica del gobierno hacia los ciudadanos, es una piedra angular de un sistema democrático moderno. Sin la aportación de información gubernamental fiable y creíble al debate público, será imposible que el gobierno reconstruya la confianza y la legitimidad que ha perdido estos últimos meses.
Por el momento, el gobierno no ha logrado dar señales fuertes de su voluntad de caminar en este sentido. El nombramiento de Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública desató el descontento de gran parte de la sociedad mexicana; el Equipo Argentino de Antropología Forense criticó las investigaciones de los normalistas desaparecidos; siete partidos cuestionaron el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) tras no sancionar debidamente la descarada propaganda del Partido Verde; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) provocó mucha polémica al decidir no cobrar por la multiprogramación, etc. Como lo muestran estos ejemplos, la duda, la incertidumbre y el permanente cuestionamiento de la sociedad sobre el desempeño de sus representantes es una constante.
La seria y grave crisis que enfrenta el gobierno ha llegado a tal grado que contamina muchos procesos democráticos, uno de ellos es la reforma en materia de transparencia. Empujar un Sistema Nacional de Transparencia fuerte e innovador debería ser un compromiso del gobierno para reconstruir la confianza perdida; sin embargo el sentido de las recientes acciones del Poder Ejecutivo parecen caminar en sentido contrario.
Las ultimas semanas, el proceso legislativo para la elaboración de la Ley General de Transparencia ha sido profundamente perjudicado por prácticas opacas y amenazas de retrocesos. A pocos días de la fecha limite de la aprobación de dicha iniciativa de ley, el Poder Ejecutivo ha enviado, sin hacer pública su postura, más de 80 propuestas de cambios que incentivan la opacidad y limitan el acceso a la información pública.
Al enterarse de la circulación de estas propuestas, varias Organizaciones No Gubernamentales, entre las cuales Fundar, Centro de Análisis e Investigación hemos reaccionado para alertar a la opinión pública sobre lo que estaba pasando. El debate se trasladó del recinto del Senado a las páginas de los periódicos. Se logró abrir de nuevo el debate al escrutinio público, y parar las negociaciones a puertas cerradas. Como prueba, los senadores subieron todas las posturas en el micrositio de la comisión dictaminadora.
Pero el saldo de estos graves tropezones y choques puede ser alto. El proceso legislativo se ha retrasado tanto que los congresistas no pudieron cumplir con los plazos establecidos por la ley. Y si no existen avances determinantes en las próximas semanas, es muy probable que no veamos la aprobación de este Sistema Nacional de Transparencia antes de las elecciones. La iniciativa de ley debe aún pasar por la Cámara de Diputados después de ser aprobada por los Senadores, una Cámara que se renueva el 7 de junio de este año.
En febrero de 2014, se logró la aprobación de una reforma constitucional en materia de transparencia muy garantista e innovadora ampliando los sujetos obligados de la ley a partidos, sindicatos, fideicomisos entre otros y dotando al IFAI y los órganos garantes de autonomía completa. Pero sin una regulación adecuada y a la altura de sus promesas que pasa por la Ley General de Transparencia, la reforma constitucional puede quedar letra muerta. Es lo que está en juego en estos días en el Senado.
