- Organizaciones recomiendan mediante amicus curiae a la SCJN que reconozca la facultad que tiene el INAI para pronunciarse prima facie sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos sin que exista pronunciamiento de autoridad previa.
- Conocer la información alrededor de las investigaciones en los casos en donde se presume la comisión de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos.
El 19 de octubre, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA)[1], la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT)[2] y el Colectivo por la Transparencia[3], presentaron dos amicci curiae[4] en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dos amparos en revisión que radican en las ponencias ser discutidos.
La disputa de litigio judicial, radica sobre el acceso a la información relativa a violaciones graves a derechos humanos y el reconocimiento a la facultad del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de pronunciarse a primera vista (prima facie) sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos sin que requiera el pronunciamiento previo de otra autoridad que determine la existencia de violaciones graves.
Los amicci fueron integrados a los expedientes de revisión de los amparos 661/2014, presentado por la Fundación para la Justicia y Estado de Derecho Democrático (FJEED), y al 453/2015 que presentó Article 19, ambos por la negativa de acceso a la información de PGR y posterior confirmación del INAI, de las versiones públicas de los expedientes e investigaciones judiciales relacionado con la masacre de San Fernando, Tamaulipas en 2010 en la que 72 migrantes de diversos países que viajaban por México rumbo a Estados Unidos, fueron secuestrados y asesinados de manera simultánea, el posterior hallazgo de fosas clandestinas en 2011 también en San Fernando y el hallazgo de otras fosas en 2012 en Cadereyta, Nuevo León.
Nuestra intervención en el presente caso, versa sobre el ejercicio ciudadano de impulsar que el Estado mexicano, a través de su estructura institucional, cumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y vuelva realmente efectivo el derecho de acceso a la información, cuya titularidad pertenece a todos los ciudadanos.
Conocer la información alrededor de las investigaciones en los casos en donde se presume la comisión de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, como la exigibilidad del derecho a saber, del derecho a la justicia, la garantías de no repetición, y contribuye a la construcción de la memoria colectiva.
El proyecto de resolución a cargo de la Ministra Olga Sánchez que corresponde al caso de la FJEED está enlistado para que se discuta el próximo miércoles 18 de noviembre. De cara a este fallo, las organizaciones que firman estos amicci solicitan a la SCJN que decida a favor de la garantía del derecho a la información porque la decisión que tomarán sentarán precedentes importantes que no sólo afectará a las pretensiones de las partes en estos asuntos, sino el grado en que quedará asegurado el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad para la sociedad.
Documentos relacionados:
Memorial de Amicus Curiae
Acuse Amicus 661-14
Acuse Amicus 453-15
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[1] El Colectivo Migraciones para las Américas es una red conformada por más de 100 organizaciones ciudadanas sin fines de lucro y redes, de México, Estados Unidos y Centroamérica, que tenemos en común el trabajo en favor de los derechos humanos de la población migrante, sus familiares y comunidades.
[2] La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todas” (Red TDT) es grupo integral de derechos humanos que impulsa estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas. Está conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.
[3] El Colectivo por la Transparencia es un conjunto de 16 organizaciones, que promueven y defienden la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio del derecho de acceso a la información.
