La mayoría los Congresos locales no publicaron información importante de la actividad legislativa, como las actas de las reuniones, los dictámenes de las leyes, versiones estenográficas ni la justificación de las votaciones; tampoco abrieron espacios de participación ciudadana ni tomaron en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos. Foto: Cuartoscuro.
La trasparencia, la participación ciudadana y la rendición cuentas son obligaciones que deben de cumplir todos los poderes del Estado, tanto a nivel Federal como local. Aunque generalmente se presta mayor atención a las actividades del Poder Ejecutivo, no podemos dejar de prestar atención también a las actividades de los otros poderes, como las del Poder Legislativo, debido a la importante actividad de producción normativa que desempeña.
En el contexto de la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el trabajo legislativo, sobre todo en las entidades federativas, juega un papel importante, pues los Congresos locales son los encargados de elaborar, discutir y aprobar las reformas y modificaciones legislativas necesarias para asentar las bases normativas que den origen a los Sistemas Locales Anticorrupción; necesarios para lograr el adecuado funcionamiento de coordinación nacional que implica el SNA.
Fundar, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil de varios estados, evaluó algunos Congresos Locales en los procesos de elaboración y aprobación de las normas que dieron origen a los Sistemas Anticorrupción, con el objetivo de identificar si cumplieron, y en qué medida, con estándares mínimos de Parlamento Abierto, con base en cuatro categorías: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y el uso estratégico de las tecnologías de la información. Para ello, desarrollamos la herramienta SPAM (Supervisión de Parlamentos Abiertos en México).
El monitoreo en 13 entidades federativas, realizado por 14 organizaciones de la sociedad civil que participaron, directa o indirectamente, en la discusión de las leyes anticorrupción, nos muestra que los procesos legislativos en sus Estados no cumplieron con estos principios y muestran resistencias a la participación ciudadana.
A partir de los principales resultados de SPAM, observamos que la mayoría los Congresos locales no publicaron información importante de la actividad legislativa, como las actas de las reuniones, los dictámenes de las leyes, versiones estenográficas ni la justificación de las votaciones; tampoco abrieron espacios de participación ciudadana ni tomaron en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos.
Por ejemplo, algunos resultados que destacan es que en 7 de 13 congresos no publicaron los dictámenes discutidos ni crearon un micrositio con documentos del proceso; en 11 de 13 congresos no publicaron las actas de reuniones de las Comisiones y Pleno; en 10 de 13 Congresos no explicaron las decisiones tomadas ni su sustento, y en 5 de 13 Congresos no se publicaron las iniciativas que se discutieron.[1]
Resulta preocupante que, en 8 de los 13 Congresos evaluados, los procesos de creación normativa que dieron vida a los sistemas anticorrupción, se construyeron con niveles muy insatisfactorios de Parlamento Abierto y en otros, como Yucatán, Baja California Sur y Morelos, no cumplieron ni con los mínimos.
Sólo la incorporación de estos principios y la apertura al acompañamiento y aportaciones técnicas de la sociedad civil, fortalece la relación de los congresos con la ciudadanía, aumenta la legitimidad del ejercicio de sus funciones y asegura que las leyes contengan disposiciones con altos estándares técnicos.
Aunque el tiempo límite para las todas las adecuaciones normativas venció el pasado 19 de julio, el trabajo legislativo de los Congresos locales aún no termina, pues está pendiente la integración del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana en muchas entidades; de ahí la importancia de monitorear y continuar exigiendo que la designación de los titulares que harán funcionar los sistemas locales anticorrupción, se realicen de manera transparente, con rendición de cuentas y con apertura a la participación ciudadana; es decir, con principios de Parlamento Abierto para consolidar sistemas eficientes en el combate a la corrupción.
[1] Los resultados completos pueden ser consultados en: http://fundar.org.mx/sistemas-locales-anticorrupcion-leyes-al-vapor-y-procesos-de-parlamento-abierto-deficientes/
