En México a finales de septiembre de 2014 todas y todos nos enteramos por los medios y redes sociales de los trágicos eventos ocurridos en Iguala, Guerrero, en donde fallecieron 6 estudiantes, desaparecieron 43 y otros fueron gravemente heridos. La indignación salió a flote en la sociedad mexicana. Decenas de miles de personas salimos a marchar en las calles para exigir su presentación con vida y el castigo a los culpables.
Más de 3 meses después, y muchas marchas más, la respuesta del Estado mexicano es inexistente, o mejor dicho inconsistente, reflejo de la simulación con la cual actúa.
La respuesta de las autoridades del Estado mexicano, tanto federales como locales, frente a las marchas han sido la represión, la detención arbitraria de los manifestantes y la tortura como práctica de investigación.
Sobre los hechos, las autoridades han respondido de manera doliente, omisa, siempre bajo la presión de las exigencias de la sociedad civil para que la PGR tomara el caso, aceptara el apoyo técnico de la CIDH para llevar la investigación y para que aprobara la participación de los expertos independientes del equipo de antropología forense argentino.
Frente a las preguntas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de los detenidos de las marchas de solidaridad, el gobierno a través de su Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, ha respondido que ya se cansó.
La pregunta política de la sociedad sobre la ruta critica para enfrentar y dar solución a la desaparición de los estudiantes y de los 22 mil desaparecidos ha sido respondida por el Presidente de la República con un decálogo de medidas muy generales, descontextualizadas y anacrónicas, pero sobre todo con una frialdad y una falta de empatía inaceptable diciéndonos que ya lo superemos.
El reto para las autoridades mexicanas es construir eficiencia y legitimidad para que la sociedad tenga confianza en las instituciones, en específico los grupos más excluidos y discriminados.
El pasado 7 de enero, dos hombres armados entraron en las oficinas de la revista semanal francesa Charlie Hebdo en Paris y asesinaron a 12 personas, la mayoría colaboradores del periódico. La misma noche cientos de miles de personas se movilizaron en las calles, bajo el lema de #JeSuisCharlie (Yo Soy Charlie), afirmando que no tenían miedo y que los fundamentalistas no los callarán.
Frente a estos hechos, las autoridades del Estado francés respondieron con la persecución y localización de los dos hermanos asesinos gracias a su identificación a través de la filtración en medios de comunicación de su identidad. Dos días después, como una ironía del destino que le hubiera gustado a los caricaturistas de Charlie, el viernes 9 de enero, las fuerzas de seguridad abatieron a los asesinos atrincherados en una imprenta en la localidad de Dammartin-en-Goële, al noreste de París. Así los hermanos Kouachi, que afirmaron vengar al profeta por sentirse ofendidos en su fe por los mensajes de Charlie Hebdo, murieron en una imprenta.
Durante las marchas, las autoridades del Estado estuvieron presentes y el domingo 11 de enero participaron varios miembros del gabinete del Presidente de la Republica así como varios jefes de Estado de Europa, levantando cierta polémica, en la marcha más grande que ha habido en Francia y que reunió a más de 3 millones de personas.
Hacia los familiares de las victimas de los atentados, las autoridades han expresado su solidaridad y han respondido creando una célula interministerial para unificar la ayuda. El Gobierno ha recordado en un comunicado a las “17 familias” que han perdido a alguno de sus integrantes.
Inclusive los diputados franceses mostraron extraordinariamente su solidaridad con un minuto de silencio en el pleno cantando su himno nacional “La Marsellaise”, momento emotivo e icónico que no sucedía desde la 1a Guerra Mundial en 1918.
Ante la pregunta política de la ruta critica para enfrentar la situación y los riesgos de repetición de estos actos de terror, el Presidente de la Republica francesa ha respondido con firmeza que ” Francia no ha terminado con las amenazas”, por lo que ha pedido vigilancia, unidad y movilización.
El reto para Francia es que la condena al terrorismo no se convierta en xenofobia y racismo, los cuales alimentarían de nuevo la violencia.
Los retos son grandes para ambos países. La diferencia reside en que en un país el Estado sí está reconociendo sus errores y responde a las demandas de su sociedad, las reconoce como legítimas, las incorpora a su agenda política y se hace responsable.
En el otro, el Estado minimiza y distorsiona los hechos, no admite sus fallas, protege a ciertos sectores de la sociedad, descalifica a las víctimas y sus familiares, y reprime las demandas legítimas de verdad y justicia.
