La reforma para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y desapariciones fue una manera de responder a la presión nacional e internacional ante la grave crisis de derechos humanos que vivía nuestro país. Sin embargo, la experiencia con otras legislaciones generales no son muy alentadoras.
La próxima semana da inicio el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Los pendientes legislativos para el 2016 son varios e importantes, pero destacan sobre todo los pendientes en materia de graves violaciones a los derechos humanos. A finales del 2015, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la presentación de dos iniciativas de ley esperadas con muy altas expectativas. Se trata por un lado de la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas. La presentación de estas iniciativas se genera en seguimiento a lo establecido por la reforma constitucional del año pasado, por la cual se facultó al Congreso de la Unión para legislar en ambas materias.
Esta reforma para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y desapariciones fue una manera de responder a la presión nacional e internacional ante la grave crisis de derechos humanos que vivía nuestro país. El diagnóstico de diversos organismos nacionales e internacionales fue que uno de los principales problemas de México era la falta de armonización legislativa generada, en gran medida, por la falta de una normatividad uniforme que guiara y coordinara las acciones en todas las entidades federativas para investigar, procesar y sancionar a los responsables de actos de tortura y desaparición.
Así, una de las grandes expectativas de ambas legislaciones es el que se constituyan como una verdadera base de uniformidad, donde las autoridades federales asuman una mayor responsabilidad y liderazgo en el impulso de la aplicación de ambas leyes. Sin embargo, nuestra experiencia con otras legislaciones generales no son muy alentadoras. Tenemos por ejemplo el reciente desencanto con la Ley General de Víctimas o un poco más atrás, la aparatosa pero casi inoperante Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Debido a nuestra peculiar forma de entender el federalismo, este tipo de leyes generales parten del supuesto de que la Federación únicamente puede asumir un rol coordinador en la aplicación de la ley, dejando a las entidades federativas, en principio, la tarea sustantiva de implementar o “bajar” la legislación general al ámbito de sus leyes y prácticas estatales.
El modelo anterior ha probado su ineficacia, prueba de ello son las experiencias antes mencionadas en materia de derechos de las víctimas y violencia contra las mujeres. La dispersión y heterogeneidad legislativas y de protocolos se perpetúan, además de que en el caso específico de delitos como la desaparición y tortura debe recordarse que muchos casos se cometen con participación, tolerancia o aquiescencia de las autoridades estatales, por lo que existe un temor fundado de que éstas no actúen diligentemente en la la aplicación de la ley para prevenir e investigar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Esto significa que las nuevas leyes generales en estas materias deben prever mecanismos mucho más fuertes y claros para la atracción de casos hacia la Federación y para que ésta pueda hacer una verdadera supervisión sobre el proceso de implementación de la ley en las entidades federativas. Ésta ha sido una demanda fundamental por parte de los familiares de personas desaparecidas por ejemplo, con el fin de recuperar cierta confianza en los procesos de búsqueda e investigación. Empero, este elemento prioritario se encuentra ausente en ambas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal. Si la Cámara de Senadores, que fungirá como cámara de origen, quiere estar a la altura de las circunstancias de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, debe escuchar la voz de las víctimas y atender ésta y otras demandas de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Humberto Francisco Guerrero Rosales
