Una designación clave para la salud de las y los mexicanos

Una designación clave para la salud de las y los mexicanos

La construcción de un entramado institucional que contribuya eficazmente a la garantía de los derechos de las personas requiere tanto de marcos normativos que sienten las bases para un adecuado funcionamiento, como de titulares capaces e independientes de poderes políticos y privados que aseguren que tales funciones sean desempeñadas.

En un contexto donde los procesos de designación en el país se han realizado con opacidad, y en muchos casos incluso con total arbitrariedad, en el año 2012 creamos el observatorio de designaciones públicas, desde el cual insistimos en la importancia de los procesos de nombramiento para el buen funcionamiento institucional.

A lo largo de cuatro años, hemos monitoreado y realizado propuestas puntuales para transparentar e incluir la participación ciudadana en diversos procesos de designación con el objetivo específico de fortalecer las instituciones mediante la selección de los mejores perfiles para el cargo.

En este tenor, y a petición de organizaciones civiles preocupadas por el proceso de designación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el observatorio de designaciones públicas se unió a la exigencia de llevar a cabo un proceso transparente que permitiera la llegada de un perfil capaz e independiente.

El INSP es un centro de investigación esencial para la garantía del derecho a la salud en México ya que genera investigación para el diseño y la evaluación de políticas públicas de salud en temas específicos tales como: tabaquismo, obesidad, diabetes, desnutrición, salud sexual y reproductiva, por mencionar solo algunos.

La relevancia del Instituto obligaba a que se llevara a cabo un proceso de designación transparente que permitiera conocer los criterios desde los cuales se designaría a su siguiente Director General, así como los perfiles y planes de trabajo de los aspirantes para con ello dotar de certeza y legitimidad la designación.

Sin embargo, el proceso avanzaba con poca información y escaza claridad. Para cuando el observatorio de designaciones públicas se suma a los esfuerzos para exigir un proceso abierto, los planes de trabajo de los aspirantes no eran del conocimiento público así como tampoco sus expedientes, relevantes para determinar las capacidades de los candidatos.

Si bien en el proceso participó un Comité de Auscultación —conformado por vocales de la Junta de Gobierno­­­­­­­— que revisó las propuestas de  los candidatos, realizó entrevistas y reunió elementos de valoración sobre la opinión de la comunidad médica y académica, con el fin de seleccionar a los candidatos para continuar en el proceso, estos trabajos no fueron públicos, con lo cual se desconocía –y a la fecha se sigue desconociendo- la racionalidad detrás de esta selección.

Ante este escenario y con la finalidad de recomponer el proceso, el observatorio de designaciones públicas (conformado por Artículo 19 y Fundar), en alianza con Transparencia Mexicana, presentamos a la Junta de Gobierno y su presidente, el Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud, un instrumento técnico de evaluación con criterios para valorar la solidez académica, trayectoria profesional y el prestigio y reputación pública de los candidatos.

El 15 de febrero se llevó a cabo la reunión de la Junta de Gobierno donde designaron al nuevo Director General del INSP. Resultado de ello fue la designación de un perfil con amplias capacidades, sin embargo desconocemos si el instrumento técnico fue aplicado o hubo elementos objetivos para tal valoración. A la solicitud de un proceso transparente y la propuesta de un instrumento de valoración que le hicimos al Presidente de la Junta de Gobierno jamás recibimos respuesta.

Es importante señalar que la participación de la sociedad en el espacio público no es un mero capricho, que las necesidades de transparencia y objetividad en los procesos de designación no tienen más objetivo que el fortalecimiento institucional. La falta de respuesta a las comunicaciones y peticiones de la sociedad sólo contribuyen a la crisis de legitimidad y al alejamiento de la población de los canales institucionales.

Apenas el mes pasado cuando se realizó la designación de los titulares del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fuimos testigos de que los procesos de designación pueden ser abiertos, participativos y eficientes. Es momento de que se institucionalicen buenas prácticas en los procesos de nombramiento para fortalecer a las instituciones de nuestro país.


 

[ Por Renata Terrazas y Anaid García ]

[ Artículo en El Universal ]


 

 

 

 

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