Una ley sobre desaparición forzada en México: la última llamada

Una ley sobre desaparición forzada en México: la última llamada

Hace poco más de dos años, el 27 de noviembre de 2014 para ser exactos, Enrique Peña Nieto dio a conocer el Decálogo federal por la paz, la unidad y la justicia en México. Este Decálogo constituía la respuesta del gobierno federal a las muestras masivas de indignación que generaron el caso Ayotzinapa y el escándalo de la llamada Casa blanca. En el punto octavo del Decálogo, el gobierno federal anunciaba una serie de medidas que incluían, entre otras, las siguientes:

*  Una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada.

*   Se fortalecerán los protocolos y procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.

*   Se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

De los puntos mencionados, sólo el primero se ha cumplido a cabalidad y al día de hoy las leyes en materia de desaparición forzada, tortura y la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda continuan siendo una de las deudas más grandes de este gobierno con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de los discursos, parece confirmase una vez más que la lucha contra la impunidad y las víctimas no son una prioridad para el Estado mexicano.

En contraste, cabe señalar que este rezago ocurre en medio de un contexto donde diversos actores del Poder Ejecutivo y Legislativo han manifestado que su gran prioridad para este periodo legislativo será pasar, lo antes posible, una Ley de Seguridad Interior, la cual, además de inconstitucional por tratarse de una suspensión de derechos disfrazada, resultaría una afrenta para miles de víctimas de desaparición forzada, ya que legalizaría un espacio de impunidad para las fuerzas armadas.

Pero ¿qué es lo que ha impedido que la Ley General sobre Desapariciones Forzadas se vuelva realidad? La respuesta es sencilla, aunque su trasfondo no es simple: la falta de voluntad política del gobierno federal para asumir, de una vez por todas, el liderazgo de una estrategia nacional de búsqueda de personas donde, sin prescindir de los recursos y participación de las entidades federativas, una instancia nacional conduzca la coordinación operativa de la búsqueda.

Operativa, esta palabra es importante, la coordinación que le sirve a las víctimas de desaparición y sus familias se trata de una coordinación de terreno; una que supere el llamado “paradigma del oficio de colaboración”. Es decir, una búsqueda que deje atrás la figura “clásica” del burócrata que pretende encontrar a una persona enviando decenas o cientos de oficios, muchos de los cuales quedarán sin respuesta o la respuesta llegará demasiado tarde.

El gobierno federal se empeña en modelos de búsqueda que dejen intactos los esquemas administrativos actuales. Cambiar para que nada cambie, esa parece ser la consigna de la ley ideal para el Ejecutivo Federal. La premisa que sustenta esta consigna esconde un profundo desprecio por las víctimas y el dolor que han sufrido durante todos estos años de zozobra por no saber nada de sus seres queridos. El gobierno no quiere cambiar sus estructuras de búsqueda porque le falta humildad, porque se empecina en la soberbia y no está dispuesto a reconocer el fracaso de sus instituciones, en especial de las de procuración de justicia.

Para que esta nueva ley sea un verdadero punto de quiebre en la lucha contra la impunidad, el punto de partida debe ser el reconocimiento de que el andamiaje institucional existente no funcionó y seguirá sin funcionar, a menos que se cree uno nuevo. Los esquemas administrativos tradicionales, tales como la distribución de competencias, se concibieron para situaciones de normalidad constitucional. Sin embargo, la crisis de impunidad y de derechos humanos que enfrenta el Estado mexicano, caracterizada por violaciones masivas y sistemáticas por parte de agentes estatales en colusión con el crimen organizado, constituye un quebranto del orden constitucional al cual la Federación debe responder con decisión y creatividad para que, sin socavar la autonomía y responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas en esta crisis, se puedan coordinar y concentrar los recursos existentes para la búsqueda de personas bajo una misma estrategia que sea coherente y que cohesione los esfuerzos de todas las autoridades involucradas.

El último tercio de este gobierno está en marcha. En unos cuantos meses la prioridad de la clase política será el proceso electoral del 2018, por lo que muy probablemente este primer periodo legislativo del 2017 sea el último para lograr una ley sobre desaparición forzada en México. Esta es la última llamada para que el gobierno rescate la palabra que dejó empeñada con las víctimas el pasado 27 noviembre de 2014.


 

[ Por Humberto Guerrero ]

[ Artículo en El Universal ]