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Violencia institucional castrense

El primero de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas me’phaa del estado de Guerrero, habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en 2002 y ordenó al Estado mexicano establecer medidas reparatorias a nivel individual, colectivo y estructural. Como parte de los aspectos estructurales, el Estado adquiere la obligación de reformar el sistema de jurisdicción militar, en concreto el artículo 57 del código de justicia militar, con la finalidad de que todo caso de violación a los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas sea juzgado en tribunales civiles.

A un año de la sentencia, han sido insuficientes los avances del Estado mexicano; lo que ocasiona que las mismas víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil exijan el cumplimiento de las medidas reparatorias. Es importante no perder de vista que dichas reformas tienen como trasfondo la transformación más amplia de las relaciones cívico-militares en nuestro país. Es justamente sobre este aspecto de fondo que Inés Fernández ha insistido en repetidas ocasiones a lo largo de los nueve años de búsqueda de justicia.

Durante la elaboración del peritaje cultural del caso, la Dra. Aída Hernández documentó el papel central que tienen las reparaciones colectivas y estructurales para Inés Fernández. En los espacios de entrevistas y en grupos focales, la señora Fernández, junto con otras mujeres indígenas de su comunidad, enfatizaron que la justicia implica generar nuevas condiciones para que sus hijas y las demás niñas de su pueblo no estén expuestas al riesgo de una violación sexual, de tortura o de otros actos de violaciones a sus derechos por parte del Ejército. Ello implica necesariamente la desmilitarización de su pueblo y de la región en la que viven. Así lo explicó la antropóloga en el foro “Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos contra México”, mismo que se llevó a cabo los días 22 y 23 de septiembre en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El énfasis en la desmilitarización de la vida cotidiana requiere una modificación de las políticas de seguridad para acotar las funciones de las Fuerzas Armadas y no ampliar sus facultades, tal como sucede en la actualidad cuando el Ejército asume funciones de seguridad pública. En su conjunto, los reclamos de las mujeres como Inés Fernández apuntan hacia la necesidad de una transformación profunda de las relaciones entre el ejército y la población civil. Ello se traduce en la elaboración e implementación de mayores mecanismos de control de las Fuerzas Armadas por parte de las instituciones civiles y una mayor participación ciudadana en la definición de las políticas de seguridad.

En otros países del continente, sobre todo aquellos del Cono Sur que vivieron dictaduras, un modelo de relaciones cívico-militares democráticas incluye la reorganización del presupuestario federal de los gastos de las Fuerzas Armadas en relación al gasto público en programas de desarrollo social, la separación de funciones militares y de seguridad pública y la desmilitarización de asuntos de seguridad interior. Estos cambios a su vez han sido acompañados por procesos de justicia transicional que responden a las violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado y de nuevos marcos normativos que les otorguen derechos a las víctimas de casos actuales. Si tomamos como referentes las experiencias en otros países del continente, la obligación del Estado mexicano de reformar la jurisdicción militar es un punto de partida indispensable, pero no suficiente para transformar las formas en que las Fuerzas Armadas se relacionan con la población civil.

El rol que debe asumir el Ejército de cara a la población civil fue un tema que se debatió extensamente entre las mujeres del pueblo de Inés Fernández a la hora de elaborar propuestas para la reparación colectiva del daño. Ese ejercicio ciudadano sirve como ejemplo para abrir el debate a diversos espacios públicos en todo el país. Sin estas invaluables aportaciones de la sociedad civil se corre el riesgo de reducir los espacios de ejercicio democrático que justo están siendo amenazados por la violencia. El que la ciudadanía no impulse estas iniciativas limita la posibilidad de generar cambios estructurales necesarios para prevenir la no repetición de actos como las que han sufrido mujeres indígenas como Inés y Valentina.