Y al final… lo hicieron

Y al final… lo hicieron

Hace falta entender que con menos recursos se dejan sin atender enfermedades y muertes evitables

Las organizaciones que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, llevamos muchos años de insistir, proponer y defenderlos. Ahora nos toca subir el tono y denunciar algo que no debía suceder: el recorte al presupuesto destinado a la salud en 2017.

 A pesar de ser regresiva, el Poder Legislativo simplemente aprobó la propuesta que hiciera la actual Administración Federal, con la que se aprobó la disminución del presupuesto en salud en un 11 por ciento en comparación con lo destinado para el 2016 y el recorte de un -10.34 para salud reproductiva. Un panorama catastrófico, al cual se suma la falta de información pública para que las y los ciudadanos podamos saber cómo se distribuirá dicho presupuesto en salud reproductiva, es decir, cuánto va para cada programa de política pública.

 Tampoco la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni las y los legisladores, han asumido la responsabilidad ética, de explicar pública y honestamente, cuál será el impacto de  este recorte para las mujeres y en particular el de las mujeres en condiciones de pobreza.

 Vivimos en un contexto de rezagos en las condiciones de los servicios de salud, y lo más probable es que se agudicen las carencias debido a que habrá menos recursos financieros e insumos; tanto para los 32 servicios estatales de salud como para los institutos que atienden especialidades, asi también para las labores de la Secretaría de Salud Federal y de las locales para vigilar, evaluar, investigar, capacitar y acompañar al personal de salud que provee de atención a la población, entre muchas otras funciones que tienen la obligación de realizar.

 Lo preocupante es que los programas de política pública en salud reproductiva y atención a la violencia en salud (como los programas de Salud materna y perinatal, de Planificación y anticonceptivos o el de Salud Sexual y reproductiva e adolescentes), tienen desde un comienzo el problema estructural de no contar con presupuesto suficiente para su implementación completa.

 El gobierno actual y las y los diputados fallaron en aplicar el principio de progresividad en la asignación de recursos, establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el que México tiene la obligación de aplicarlo en sus leyes, normas, programas y presupuesto público. ¿Por qué es una obligación? Porque así se determina en el Artículo I de la Constitución del país. De nueva cuenta, la lista de omisiones de la responsabilidad en la gestión pública aumenta, pues se suma el incumplimiento constitucional de promover, garantizar y resguardar el derecho a la protección en salud, y el correspondiente al que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos(as).

 El Estado mexicano, nuevamente ante la Organización de las Naciones Unidas, se comprometió a un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger la pobreza y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.Varios de estos objetivos se vinculan directamente con metas de salud y para ello es imprescindible contar con recursos. Por ejemplo, el Objetivo 3, de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, contiene tres metas que se ven directamente afectadas por esta regresión de presupuesto:

  • Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
  • Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
  • Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

 Por ello, en Fundar nos preguntamos si en las opciones de asignación de presupuesto, el Poder Legislativo consideró que la decisión afecta la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Hace falta entender que con menos recursos se dejan sin atender enfermedades y muertes evitables. No nos queda sino continuar exponiendo nuestras propuestas sólidamente argumentadas, la evidencia dura y acrecentar el ruido de la exigencia, la defensa y la resistencia.


[ Por Daniela Díaz ]

[ Artículo en La Silla Rota ]