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Y con tanto enojo ¿qué hacemos?

En vez de lamentarnos por el negro panorama que tenemos enfrente, es oportunidad de transformar nuestro enojo en acciones colectivas concretas que contribuyan a la recomposición de este país.

Las tragedias humanas se multiplican en un país corroído por la corrupción. Cada día vamos acumulando asesinatos, personas desaparecidas, feminicidios, periodistas asesinados y una violencia generalizada que amenaza con convertir a 2017 en el año más violento del sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este terrible contexto de muerte, se suman los escándalos de corrupción en los diferentes ámbitos de gobierno que van mostrando, poco a poco, el grado de penetración de la criminalidad en el país; así se llame narcotráfico, huachicoleros o corrupción.

Hoy en día conocemos más sobre las acciones y omisiones de los gobiernos que derivan en la debilitación misma del Estado, las violaciones a derechos humanos y la creación de un halo de impunidad desde el cual se cometen una serie de actos ilícitos que van desde el simple robo, hasta la creación de redes del crimen organizado que atentan cada día con la vida de todas y todos los mexicanos.

Los escándalos de corrupción de nuestra clase política y la creciente crisis de derechos humanos que vivimos comenzaron a empujar a la sociedad a tomar acciones para mandar mensajes claros a los gobiernos sobre el acumulado y compartido hartazgo: las marchas masivas alrededor de Ayotzinapa, las protestas por los abusos militares, asesinatos de periodistas, entre tantos otrosEl 2016 se vio marcado por un movimiento de combate a la corrupción donde nos aglutinamos organizaciones civiles, periodistas, la academia, empresarios y ciudadanía en general para exigir la construcción de un amplio sistema que permita prevenir, perseguir y castigar la corrupción en el país. Así nace el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual hoy se encuentra tambaleante ante la negativa del Ejecutivo Federal y del Senado de crear procesos de designación abiertos y participativos.

Un proceso detenido para designar al fiscal anticorrupción por las pugnas políticas que no sueltan la posibilidad de capturar dicha figura, y un proceso de designación de magistrados donde el presidente de la República no atiende el compromiso con la sociedad civil, adquirido dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, de hacerlo de manera abierta y con participación ciudadana, se suman a la larga lista de procesos de designación dedicados a dinamitar las instituciones democráticas y a asegurar alianzas políticas.

De la mano de estos procesos se dibuja un panorama complicado en los estados de la República, donde en varios casos parecen existir acuerdos previos sobre la composición de los Comités de Participación Ciudadana locales que obedecen a una distribución de cuotas, y ya no digamos de las otras figuras clave como los fiscales anticorrupción y titulares de las entidades de fiscalización.

Aunado a ello, la agenda pública de transparencia ha cedido a la de corrupción sin haberse consolidado. En los estados se siguen identificando severas fallas en el acceso a la información, ya sea por la falla de los sistemas electrónicos, la falta de capacitación de funcionarios que siguen viendo a las solicitudes como capricho de la ciudadanía, o a órganos garantes de la transparencia debilitados por falta de recursos, por captura de sus titulares o por mostrada incompetencia.

Sigue haciendo falta un estudio sobre la calidad de la información que las dependencias entregan por solicitudes de acceso o que hacen pública de manera proactiva. Desde una perspectiva ciudadana, la información debe servir para la acción, ya sea para acceder a programas sociales, exigir la garantía de derechos o detonar procesos de participación ciudadana.

Hoy en día vivimos en un país con leyes de buena calidad con serios problemas en su implementación, o incluso con intentos para minar posibles éxitos de las leyes. La creación de sistemas nacionales y de leyes de avanzada quedarán en letra muerta si no continuamos atendiendo aquellos espacios donde los intereses privados o partidistas se siguen imponiendo al interés público.

Y entonces ¿qué hacemos? En vez de lamentarnos por el negro panorama que tenemos enfrente, es oportunidad de transformar nuestro enojo en acciones colectivas concretas que contribuyan a la recomposición de este país.

Algunas ideas:

  1. Intervenir en los procesos de designación

Es en estos espacios donde se define quienes serán las y los titulares de las instituciones encargadas de garantizar derechos o de servir de contrapeso del poder. Pueden entrar a la página de designaciones.org o seguir en tuiter a @designaciones para enterarse de los procesos que monitoreamos e involucrarse en la exigencia de procesos transparentes.

  1. Exigir un ejercicio de parlamento abierto en la construcción de los sistemas locales anticorrupción

Los estados se encuentran en proceso de instalación de los sistemas locales de corrupción, aquí puedes encontrar información para exigir un proceso donde se transparenten las decisiones, se rindan cuentas y se incluya la participación ciudadana.

  1. Unirte al reto de publicidad abierta

Los titulares del ejecutivo tienen una tendencia a gastar de manera excesiva en la promoción de su imagen o de utilizar recursos públicos para castigar y premiar a medios, según el tipo de información que publiquen. Por ello lanzamos el reto #PublicidadAbierta para exigir racionalidad detrás de este gasto excesivo y abonar a la democratización de los medios.

No solucionaremos los problemas de este país de un manotazo, tampoco lo haremos en un par de años, esta es una carrera de largo aliento que requiere el involucramiento de todas y todos. Es imperativo involucrarse en lo público, sumar esfuerzos y comenzar a generar propuestas de cambio.


[ Por Renata Terrazas ]

[ Artículo en Animal Político ]