Desde hace varias décadas y hasta el día de hoy, los ingresos petroleros (es decir, los ingresos procedentes del pago de derechos e impuestos de Pemex) han supuesto de media el 30% de los ingresos totales del sector público. Esto quiere decir que uno de cada tres pesos que el gobierno destina a la provisión de servicios públicos —salud, educación, transporte público y servicios sociales, entre otros— procede de la explotación de los hidrocarburos.
Pese a que esta dependencia tiene riesgos que no hay que obviar —por ejemplo, una caída en el precio del petróleo puede poner en peligro el gasto público—, es importante remarcar que la contribución de la actividad petrolera al presupuesto nacional responde al hecho de que los hidrocarburos son bienes públicos. Es decir, como señala el artículo 27 constitucional, el gas y el petróleo son propiedad de la Nación mexicana y por lo tanto, su explotación debe beneficiar a todos y todas las mexicanas. Una manera para ello, aunque matizable debido a la existencia de serias deficiencias en la gestión de los recursos públicos —corrupción, uso discrecional, opacidad—, es a través de su contribución al financiamiento del gasto público. [ver más]
