Un factor decisivo en México para avanzar en la implementación de las políticas en materia de género, tiene que ver con la participación política de las mujeres en espacios públicos. Esto lo logramos identificar gracias a la más reciente investigación de Fundar (*) sobre la representación política de las mujeres como clave para implementar leyes de violencia doméstica, y la cual utiliza el análisis comparativo entre dos países como Ghana y México (**).
Dentro de los hallazgos más importante de dicha investigación, destacan las transformaciones políticas iniciadas en el año 2000 para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Además de promover reformas electorales que garantizan el acceso a las mujeres a espacios de representación política, se han creado instancias especializadas y en el más alto nivel dentro de la estructura de gobierno, por un lado para impulsar la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el 2001, y por el otro lado para brindar atención inmediata al grave problema de feminicidios con la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en 2004.
Por otro lado, en el Poder Legislativo, muchas diputadas con una clara agenda de derechos de las mujeres, impulsaron desde la Comisión Especial de Feminicidios, la realización de diagnósticos sobre el feminicidio en Ciudad Juárez y en todo el país.
Así, una vez que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue aprobada en el 2007, ya se contaba con instancias públicas con mandatos específicos para avanzar en los temas de género asociados a promover la igualdad de género, y para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, se incluye la coordinación interinstitucional con el objeto de articular los mandatos de las distintas instituciones públicas en favor de la prevención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres.
Un claro ejemplo de esto es la creación de los Modelos de Prevención, de Protección, de Sanción y de Erradicación para la implementación de las políticas públicas, así como la creación del mecanismo de alertas de violencia de género que suponen la articulación de medidas de emergencias entre el gobierno federal y las autoridades locales para enfrentar la violencia feminicida.
Sin embargo, a 10 años de estos avances normativos e institucionales, la situación de las mujeres sigue siendo desoladora. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2011, más del 47% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja, y la violencia feminicida ha alcanzado niveles alarmantes en entidades federativas que han supuesto la activación de la alerta de violencia de género en el Estado de México, Jalisco, Morelos, Veracruz, Chiapas y Nuevo León.
¿Estamos viviendo un retroceso? Las inspiradoras manifestaciones de millones de mujeres en Washington, y en cerca de 600 ciudades en el mundo incluyendo México, mostraron que la protección, garantía y realización de los derechos de las mujeres es una exigencia diaria. Esto implica que, a pesar del desarrollo normativo, en el ámbito internacional y regional, así como la conformación de instituciones encargadas de poner en marcha las políticas públicas con perspectiva de género, las mujeres tenemos un papel clave para monitorear y exigir la implementación de estos mecanismos.
En ese sentido, sostenemos que propiciar la participación política de las mujeres es fundamental para seguir colocando los temas de género en la agenda pública. El mayor avance en la protección de los derechos de las mujeres se dio en un periodo entre 2006 y 2009, en el que las mujeres aprovecharon los espacios públicos para colocar la agenda de género. Así, lograron activar el mandato de las instancias especializadas como INMUJERES y la CONAVIM, para que coadyuvaran con la formulación de planes y programas para avanzar hacia la igualdad de género y erradicar la violencia.
Igualmente, tanto el 26% de las diputadas y el 22.6% de las senadoras en la LX Legislatura (2006-2009), formaron un pacto de mujeres que logró asegurar los recursos públicos necesarios para la implementación de la Ley de Acceso, concretamente los recursos asignados para los refugios para atender a las mujeres, sus hijas e hijos sobrevivientes de violencia extrema.
La exigencia de los derechos de las mujeres es una tarea diaria y un compromiso político que necesita de la presencia de las mujeres en los espacios públicos. Las estrategias son distintas y van desde el apoyo e información que podamos brindar a cualquier mujer que haya sobrevivido violencia en nuestra comunidad, o bien potenciando el compromiso político entre mujeres en espacios de toma de decisión para impulsar las distintas agendas de género y además activar las funciones de las instituciones públicas creadas para este fin. No estamos solas.
(*) Fundar, CEGENSA. 2016. Women’s Political Representation as Key to Implementing Domestic Violence Laws: An Analysis of Ghana and Mexico (pendiente de publicación).
(**) Por tratarse de dos países que han seguido una trayectoria similar para la aprobación de leyes para erradicar la violencia contra las mujeres, ampliamente marcada por la relevancia internacional que adquirió la agenda de género en los años noventa y la relación de organizaciones locales de la sociedad civil con estos actores internacionales.
