Las que pudieron detonarse como promesas electorales en la campaña de la presidenta Sheinbaum, se formalizaron el 1 de octubre en la toma de posesión con 100 compromisos que sintetizan las prioridades de la presidencia para transformar las necesidades de las y los mexicanos, aun cuando algunas no encuentran consenso entre sociedad y gobierno.
Dichos compromisos se desagregan en derechos como la salud, la educación, la cultura, la vivienda, el agua, y los derechos de las mujeres; y otros temas que, con ayuda de adjetivos como fraterna, próspera, científica, humanista, soberana, justa, y conectada, aspirarían a consolidar el tipo de país que queremos. Pero, entre promesas y compromisos, la distribución de las apuestas fue cambiando.
Si pensamos en las modificaciones de la cantidad de compromisos, entre la campaña y la toma de posesión, lo que resultan son dudas. Ya no es claro en qué lugar de las prioridades ha quedado, por ejemplo, el fortalecimiento y seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, o el fortalecimiento de las defensorías públicas, o el seguimiento a la coordinación de las fiscalías.
Resultan enigmáticos los motivos que permitieron aglutinar en una sola apuesta todas las estrategias que marcarán el rumbo de la seguridad en este país, y darle, por ejemplo, el mismo énfasis a la culminación de una línea de tren. Lo que se nombra importa y también lo que se visibiliza. ¿Por qué entonces eliminar compromisos concretos en materia de seguridad y justicia y, en su lugar, visibilizar con mayor énfasis los referentes a infraestructura y conectividad en el tema de una República próspera y conectada? o en el caso de una República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales ¿qué explica la anulación del compromiso que textualmente indicaba “No se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto […] No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”? Sobre todo, porque aun cuando pueden existir iniciativas que se estén discutiendo en estos temas, las problemáticas siguen siendo apremiantes.
Respecto de la salud, aun cuando la construcción y modernización de la infraestructura hospitalaria representa una prioridad mayúscula, llama la atención la desaparición de los compromisos orientados a la prevención primaria en salud, la prevención de adicciones, y el Programa Nacional de Salud mental. Y al indicar su desaparición, no nos referimos a la agenda, donde continuarán como pendientes, sino en su visibilidad como compromisos concretos.
En este proceso de ajuste también se sumaron otros compromisos sumamente relevantes, entre ellos el compromiso de la verdad y justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa; las becas para todos los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas; la atención médica domiciliaria para los adultos mayores; el programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional; la Cartilla de derechos para las mujeres y redes comunitarias de apoyo ‘Cuidadoras de la Patria’; el Plan de Alimentación para el Bienestar; el Programa de paneles solares para viviendas en el norte del país, y los proyectos estratégicos para reciclamiento de agua en 16 entidades.
Al revisar los documentos y el discurso, probablemente uno de los cuestionamientos que sobresale tiene que ver con las diferencias en el alcance de cada uno. Por ello, la participación y el monitoreo, como claves del proceso democrático, deberán centrarse en verificar si la persona que ganó las elecciones cumple o no lo que comprometió en campaña, y que, a partir de su nombramiento, ha tenido y tendrá efectos en la vida de las personas que votaron o no por ella. Porque el asunto no es sólo el reconocimiento de los temas, sino también la capacidad real para atajarlos, los recursos necesarios para cumplir con lo que se promete, y, principalmente, los beneficios sociales que tengan o no, y su impacto en la vida de las personas.
Estamos a unos días de conocer el Paquete Económico (el primero de la autodenominada segundo piso de la trasformación) y será importante evaluar la capacidad de nuestras finanzas públicas para lograr los compromisos de este gobierno. Si pensáramos que el presupuesto responderá a las prioridades tal y como se visibilizan los compromisos, será necesario poner atención en cuánto dinero habrá disponible para el aseguramiento de derechos.
Si tomamos los compromisos enunciados en la toma de posesión como la formalización de las apuestas presidenciales, y si hiciéramos un balance de la importancia de los temas únicamente por la cantidad de compromisos que los integran, podríamos pensar que dos serán las apuestas principales de este gobierno: el desarrollo de infraestructura para la movilidad y la conectividad (República prospera y conectada) que concentra el 18%, y la gobernabilidad (República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable) con el 17%. Y, en menor medida, la educación (República educadora, humanista, y científica) con 10% y los programas sociales (República fraterna) con 8%. Estos cuatro temas integran más de la mitad (53%) de los compromisos.
Imaginemos que el presupuesto son cien pesos y que a cada compromiso le corresponde un peso. ¿Hacia dónde queremos que esté inclinada la balanza? ¿Hacia obras de infraestructura y movilidad, o hacia la seguridad, la justicia, la salud, la vivienda, la cultura y el acceso al agua? Dado que en el proceso presupuestario juegan diversos niveles de negociación, será responsabilidad del Legislativo lograr un balance más razonado.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de estos 100 pasos (compromisos) para el segundo piso de la transformación. Valdrá la pena hacer una pausa a mitad del camino para evaluar su avance, y, si es el caso, reconocer fallas y corregirlas. Pero, por encima de todo evaluar, desde la vía de los hechos, si estos compromisos estarán transformando de manera real y positiva a las personas.
