El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se alinea al mandato de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para transitar hacia un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos originarios, que parta del respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía basada en un trato justo e igualitario.