La revisión del T-MEC es una oportunidad estratégica para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México. El sistema actual muestra fallas graves: las Fiscalías Anticorrupción solo judicializaron el 5.2% de las investigaciones por cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, y apenas el 0.2% de las denuncias llegaron a sentencia. Para 2026, instituciones clave como la ASF y la Fiscalía Especializada enfrentan recortes presupuestales de 4% y 3.21%, respectivamente, lo que debilita aún más su capacidad de acción.