El arbitraje internacional de inversiones (ISDS) incluido en acuerdos como el T-MEC representa un riesgo para la transición energética en México, ya que permite a empresas demandar al Estado por cambios regulatorios que protejan el medio ambiente o los derechos humanos. Estas cláusulas pueden generar indemnizaciones millonarias y desalentar políticas públicas climáticas, perpetuando la dependencia de combustibles fósiles. El debate central es cómo equilibrar inversión extranjera con justicia climática y soberanía regulatoria.