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25,821 no es sólo una cifra, son personas que han sido desaparecidas

María Herrera Magdaleno tiene seis hijos. Cuatro de ellos están desaparecidos. Jesús Salvador, de 25 años, y Raúl, de 19, desaparecieron en Atoyac de Álvarez (Guerrero) el 28 de agosto de 2008. Gustavo, de 27 años, y Luis Armando, de 24, desaparecieron dos años más tarde, el 22 de septiembre de 2010, en Poza Rica (Veracruz). Los cuatro probablemente fueron secuestrados por el crimen organizado y a pesar de una búsqueda incansable, Doña Maria nunca más ha sabido de ellos. Su esposo murió seis meses después de que los primeros dos desaparecieron, devastado por la pérdida. ¿Y Doña María? Sigue buscando a sus hijos y exigiendo a las autoridades gubernamentales una investigación de los casos. Sucesos que siguen pasando y que no tienen procesos de investigación, ya sea por miedo al poder de los carteles, por falta de voluntad o porque no hay suficientes capacidades instaladas en las dependencias estatales. Comúnmente es una combinación de varios factores.

El caso de Doña Maria es uno de miles. Según cifras oficiales, a la fecha hay 25,821 personas desaparecidas en México. Son veinticinco mil historias como la de Doña María. Veinticinco mil historias que duelen. Y no es lo único que duele en este país. Duele también saber que desde el 2011 más de 281,000 personas se han tenido que desplazar de manera forzada en diversos estados de la República mexicana como consecuencia de la violencia que arrastró el país desde el sexenio pasado. Duele también saber que la tortura es una práctica generalizada, como recién constató el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, en un informe. Duele también saber que hay ejecuciones extrajudiciales en el país, como demuestran los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingan. Ya no sólo dolor, también coraje causa el hecho de que los responsables de estos acontecimientos quedan impunes.

De ahí viene la importancia de una propuesta ciudadana de reforma constitucional que se discute en el Congreso en estos días y que, entre otras cosas, busca el reconocimiento constitucional del derecho humano a no ser desaparecido (Art. 19) y que éste incluso se asegure en caso de suspensión de garantías (Art. 29). Además, la propuesta sugiere al Legislativo Federal a legislar en diversas materias enfocadas a la garantía de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 constitucional (Art. 73), entre ellas sobre desaparición de personas (segundo transitorio), tortura (tercer transitorio), ejecución arbitraria (cuarto transitorio) y desplazamiento forzado interno (quinto transitorio).

La propuesta está auspiciada por más de 120 organizaciones de la sociedad civil y personalidades con experiencia en el trabajo en materia de derechos humanos y fue generada en un proceso que contó con la asistencia técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH). Además, abona al cumplimiento de recomendaciones emitidas por varios organismos internacionales. Frente a la grave crisis de derechos humanos que está viviendo el país, las organizaciones firmantes, entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hicimos un llamado al Congreso a responder a la altura de su responsabilidad histórica y dictaminar de manera urgente e inmediata esta propuesta de la ciudadanía.

Además, desde Fundar nos parece importante subrayar que la reforma no solamente debiera incluir el concepto de la desaparición forzada sino también la que se realiza por parte de particulares, donde no hay pruebas de la participación o el involucramiento del Estado porque simplemente no existe una investigación. De no ser así, el caso de los hijos de Doña María y de otros miles de víctimas quedará fuera del alcance de este nuevo derecho constitucional.

Simone Haf
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle21699.html