[…] La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan la noche para alcanzarla.
Este 16 de febrero se conmemoraron tres décadas de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, suscritos en 1996 entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un documento histórico que prometía reformar el marco constitucional para reconocer la diversidad cultural, política y territorial de los pueblos indígenas y saldar siglos de marginación, despojo y violencia estructural; su espíritu establecía el compromiso de garantizar la autonomía y libre determinación, el consentimiento previo ante proyectos que afectaran sus tierras y la facultad de gestionar los recursos de sus territorios ancestrales, pero a 30 años ese compromiso ha sido sistemáticamente erosionado.
Treinta años después de los Acuerdos de San Andrés, el país sigue debatiéndose entre dos proyectos: uno que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos políticos con derecho a decidir sobre su territorio, y otro que continúa concibiendo la tierra como reserva estratégica de recursos. Ejemplo de ello es la minería, que al no respetar el derecho a la consulta y el consentimiento y, sin una visión de justicia ambiental, reproduce dinámicas de despojo que los Acuerdos pretendían erradicar.
Las últimas semanas han estado marcadas por anuncios desde la Presidencia de la República, sobre la “recuperación” de concesiones que estaban en manos privadas y que, según las autoridades, no cumplían con obligaciones legales —como el pago de derechos o la realización de trabajos reales de exploración— o simplemente se mantenían con fines especulativos, de acuerdo con los datos que hemos presentado desde la Colectiva Cambiémosla Ya.
El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha informado que se lograron recuperar más de mil 100 concesiones mineras, en un aproximado de 889 mil hectáreas, muchas de ellas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas y territorios ambientalmente sensibles.
Este pronunciamiento se inscribe en un discurso más amplio del Ejecutivo sobre la soberanía nacional frente a prácticas extractivas desordenadas. Sin embargo, también conviene ubicarlo en tensión con otras realidades del sector, como las reiteradas declaraciones del Secretario de Economía sobre la cercanía del sector minero con el Gobierno, en las que no parece plantearse cambios estructurales profundos en el modelo, ni una transición hacia modelos económicos que pongan realmente en el centro los intereses y derechos de las comunidades afectadas.
Así, el acto de “recuperar” concesiones se presenta como una medida administrativa que, aunque puede tener efectos positivos y congruentes con la reforma a la Ley de Minería de 2023, no necesariamente cuestiona de raíz el extractivismo como modelo económico. Desde esta perspectiva, la recuperación de concesiones es celebrada como la esperada aplicación de la reforma, pero insuficiente si no va acompañada de transformaciones profundas en la manera en que se conciben y gestionan los recursos naturales del país.
La conmemoración del 30 aniversario de los Acuerdos de San Andrés nos obliga a mirar los vínculos entre derechos indígenas, soberanía ambiental y extractivismo con ojo crítico. Los Acuerdos plantearon una visión de México donde las comunidades originarias fuesen sujetas de decisión sobre sus territorios; hoy, esas mismas comunidades siguen enfrentando proyectos extractivos que impactan sus entornos, criminalizan su resistencia y desplazan a su gente.
Este aniversario debería ser, más que un ejercicio de memoria, un llamado a repensar profundamente los mecanismos de gestión de los recursos naturales de la nación bajo un modelo constitucional que desde 1992 se enfocó a legitimar el despojo.
Aún queda pendiente la publicación de los Reglamentos de la Reforma del 2023 en materia de minería y sus impactos ambientales, así como la consulta, aprobación y publicación de la ley general reglamentaria del Artículo 2° constitucional, a fin de consolidar los marcos de participación real para los pueblos indígenas y afromexicanos, y con ello garantizar que las políticas estatales no reproduzcan formas de extractivismo que violentan derechos colectivos.
La recuperación de concesiones mineras puede ser un paso relevante en términos de Estado de derecho, pero no será suficiente si no se traduce en un abandono del modelo extractivo y en el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Recordar San Andrés no se reduce a un ejercicio de nostalgia; es una interpelación directa al presente. El futuro de la política minera en México no se juega únicamente en la cantidad de concesiones otorgadas o recuperadas, sino en la capacidad del Estado para honrar su palabra histórica y construir un modelo de desarrollo que coloque la autonomía territorial, la justicia ambiental y la dignidad de los pueblos y comunidades en el centro de las decisiones públicas.
