A 24 años de injusticia, exigimos la libertad inmediata de Jorge, Ricardo y Sergio

Magistrada Martha Mireya Rojas Carranco,
Magistrado ⁠Ricardo Hernández Rugerio,
Magistrado Gumaro Paredes Cuahqentzi,
Del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo
Circuito, en el Estado de Tlaxcala,
Presentes.

Distinguida Magistrada y Magistrados:

Las personas y organizaciones firmantes nos dirigimos respetuosamente ante ustedes ya que sabemos que el 13 de agosto del año en curso se llevará a cabo la audiencia en relación con el recurso de revisión de referencia en la que se definirá el futuro de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas, quienes, luego de 24 años privados injustamente de la libertad, continúan esperando justicia frente a un proceso penal que ha estado plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos y arbitrariedades.

El 13 de agosto de 2002, Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra y José María Cirilo Ramos Tenorio fueron detenidos de forma arbitraria por autoridades del Estado de Tlaxcala, fuera de su jurisdicción y sin órdenes de aprehensión. Durante su detención, el traslado y su llegada a la entonces Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala fueron sometidos a tortura física y psicológica con el fin de obtener declaraciones auto incriminatorias por delitos que nunca cometieron. Posteriormente, fueron exhibidos en una rueda de prensa como integrantes de una supuesta banda criminal, en total violación al derecho a la presunción de inocencia.

A 24 años de los hechos, el denominado “Caso Tlaxcala” continúa siendo uno de los ejemplos más graves y persistentes de violaciones graves a derechos humanos en México. Este caso evidencia la fabricación de culpables, el uso de detenciones arbitrarias, la tortura como mecanismo para producir pruebas ilícitas, la negación del derecho a la verdad y al debido proceso, así como la resistencia institucional para reconocer la responsabilidad del Estado.

Desde el inicio, las familias de las víctimas del “Caso Tlaxcala” denunciaron la detención arbitraria, la incomunicación y la tortura. Sin embargo, las autoridades ministeriales y judiciales omitieron investigar estos hechos y validaron un proceso penal viciado desde su origen. En 2008, fueron sentenciados a 77 años de prisión, con base en pruebas obtenidas mediante tortura y, por tanto, ilícitas.

Las consecuencias de estas violaciones se han prolongado durante más de dos décadas. José María Ramos Tenorio falleció en 2013 como consecuencia directa de las secuelas de la tortura. Hugo Rodríguez Salvatierra fue liberado por falta de pruebas y posteriormente obligado a abandonar el país tras recibir amenazas. Oswaldo Rodríguez Salvatierra recuperó su libertad en 2016, después de pasar 15 años en prisión, mientras que Sergio, Ricardo y Jorge continúan privados de la libertad, pese a que existen diversos elementos que confirman la tortura cometida en su contra.

También, existen investigaciones y procesos que refuerzan la veracidad de las denuncias de tortura, actualmente hay un proceso penal en curso a nivel local contra los agentes aprehensores señalados como responsables de estos actos, incluso uno de ellos se encuentra detenido por estos hechos. Estos elementos hacen insostenible que Sergio, Ricardo y Jorge continúen privados de su libertad, mientras han esperado por 24 años por una resolución que podría reparar parcialmente una injusticia histórica.

En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU determinó en la Opinión Núm. 32/2023 que la privación de la libertad en este caso fue arbitraria y solicitó al Estado Mexicano la liberación inmediata de las personas que permanecen en prisión. Esta determinación internacional, sumada a las denuncias presentadas desde el 2002, las pruebas de tortura y al avance de las investigaciones contra los agentes responsables, exige una respuesta judicial pronta, seria y conforme a los más altos estándares de derechos humanos.

Por ello, les solicitamos respetuosamente Magistrada y Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito que resuelvan con justicia el recurso de revisión 96/2025 y reconozcan la ilicitud del total de las pruebas que fueron utilizadas en su contra para fabricarles delitos que no cometieron, las cuales han sido el acervo probatorio en que fundan la privación de la libertad de personas inocentes.

Frente a la gravedad de los hechos expuestos, la duración de más de dos décadas de prisión ilegal y la existencia de elementos que confirman la tortura y diversas violaciones al debido proceso, la única decisión compatible con la justicia y con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano es ordenar la inmediata liberación de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas.

Junto a Jorge, Ricardo, Sergio y sus familias, hacemos un llamado para demandar que se garantice el derecho a la verdad, justicia, reparación integral, así como la sanción de todos los responsables, pues ninguna persona debe permanecer en prisión cuando su fundamento se encuentra en confesiones arrancadas mediante tortura ni en pruebas fabricadas por autoridades.

La justicia no puede seguir esperando. Mantener privados de su libertad a Jorge, Ricardo y Sergio prolonga los efectos de la tortura, profundiza la impunidad y envía un mensaje contrario a la dignidad humana y al Estado de derecho.

¡Libertad inmediata para Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas!