En las últimas décadas, las mujeres y personas con posibilidad de gestar en México han exigido su derecho a la autonomía reproductiva y a un aborto seguro. Gracias a esta lucha, el aborto voluntario es legal en 25 entidades del país y los servicios públicos de salud están obligados a garantizarlo. Además, desde 2020 existe una política pública federal de Aborto Seguro y, desde 2021, un lineamiento técnico para su atención en las instituciones de salud pública.
43 mujeres entrevistadas
Pero la despenalización no garantiza por sí sola el acceso efectivo. Esta investigación recupera las experiencias de 43 mujeres, principalmente de la Zona Metropolitana del Valle de México, para conocer las barreras que enfrentan al acceder a servicios públicos de aborto seguro y las condiciones que consideran necesarias para que el proceso sea seguro, acompañado y respetuoso de sus decisiones y sus derechos.
Lo legal no siempre se traduce en acceso
Las entrevistas muestran que persisten obstáculos institucionales y sociales: servicios centralizados en capitales o zonas altamente pobladas, horarios y turnos limitados, falta de personal e insumos, objeción de conciencia, información insuficiente y malos tratos.
A esto se suma el estigma. Aunque la interrupción voluntaria del embarazo ha sido despenalizada en 25 entidades, las entrevistadas perciben que los juicios sociales siguen presentes y pueden provenir incluso del propio personal médico.
El aborto con medicamentos y la aspiración manual endouterina (AMEU) son los métodos indicados para realizar una interrupción voluntaria o legal del embarazo en las primeras semanas. Sin embargo, estos servicios todavía no forman parte del catálogo de atención del primer nivel. Aún se mantienen procedimientos invasivos, como el legrado, que aumentan el riesgo y seguridad de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.
Aunado a ello, los centros de atención de aborto seguro que ofrecen la interrupción voluntaria y legal del embarazo se concentran en áreas metropolitanas y sus horarios limitados dificultan el acceso, particularmente para quienes viven en zonas rurales, indígenas o periféricas.
El problema también es presupuestario. La investigación identifica que los recursos destinados a aborto seguro han sido fluctuantes y no han aumentado al mismo ritmo que las obligaciones de las instituciones de salud. Esto repercute en la disponibilidad de medicamentos, insumos, personal e infraestructura.
¿Qué significa un aborto seguro?
Para las entrevistadas, la seguridad no depende únicamente del método utilizado. También implica poder tomar decisiones informadas, recibir un trato digno y contar con acompañamiento antes, durante y después del proceso.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define cuatro elementos esenciales del derecho a la salud: accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad.
- Disponibilidad: que existan servicios, medicamentos, insumos y personal suficiente.
- Accesibilidad: que puedan utilizarse sin barreras geográficas, económicas, administrativas o de información.
- Calidad: que se empleen métodos seguros, exista personal capacitado y se garantice atención integral.
- Aceptabilidad: que la atención responda a las necesidades de las usuarias y respete sus derechos, su diversidad y sus contextos culturales.
Por su parte, el lineamiento técnico para la interrupción del embarazo en las instituciones de salud pública considera cinco ejes para la atención del aborto seguro: derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, juventudes y justicia de género.
El derecho a decidir requiere condiciones para ejercerlo
Las 43 entrevistas coinciden en que garantizar el aborto seguro exige algo más que despenalizarlo. Requiere que existan servicios disponibles y cercanos, información clara, personal capacitado y sensibilizado, medicamentos e insumos suficientes, confidencialidad y atención libre de estigmas.
Esto implica reconocer que las necesidades no son iguales para todas. Las políticas y servicios deben considerar las realidades de mujeres y personas con posibilidad de gestar jóvenes, rurales, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la periferia y con distintas necesidades culturales y lingüísticas.
La falta de información sobre los servicios, los métodos, los horarios, los requisitos y los efectos del procedimiento sigue siendo una barrera. Las entrevistadas señalan que, en ocasiones, encuentran más información en redes sociales y organizaciones que en las propias instituciones de salud.
La información debe ser parte fundamental del derecho a decidir, por lo es necesario descentralizar los servicios de aborto y de salud sexual y reproductiva, ampliar la difusión con un enfoque de derechos, de género y de interculturalidad.
¿Qué debe cambiar?
Las experiencias recogidas muestran una brecha entre el reconocimiento legal del derecho a decidir y las condiciones reales para ejercerlo. La centralización, la falta de información, el desfinanciamiento, la escasez de personal e insumos y el estigma siguen determinando dónde y cómo las mujeres y personas con posibilidad de gestar pueden acceder a un aborto.
Para garantizar un aborto seguro, el Estado debe asegurar servicios accesibles, suficientes, de calidad y libres de estigma, donde la decisión de cada persona sea respetada y donde el acompañamiento, la información y la autonomía formen parte efectiva de la atención.
A partir de las experiencias recogidas, proponemos:
- Fortalecer los servicios públicos para que incorporen consejería, información, acompañamiento y seguimiento posterior.
- Garantizar información suficiente, oportuna, accesible y confiable, con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
- Eliminar el estigma de los servicios, garantizar personal no objetor y evitar prácticas de disuasión o acoso.
- Capacitar de manera constante al personal de salud en métodos recomendados, manejo de complicaciones, consejería, atención postaborto y aspectos legales y éticos.
- Incorporar una perspectiva de derechos humanos, género, interseccionalidad y pertinencia cultural, incluyendo los conocimientos de parteras y redes de acompañantas.
- Ampliar y descentralizar los servicios, especialmente para comunidades rurales, indígenas y zonas periféricas.
- Garantizar métodos seguros y evitar procedimientos en desuso y más invasivos, como el legrado intrauterino instrumental.
- Asegurar presupuesto suficiente y transparente para medicamentos, insumos, equipo, personal e infraestructura.
- Ampliar días y horarios de atención y garantizar personal suficiente en todos los turnos.
- Implementar campañas informativas diferenciadas, de acuerdo con las distintas realidades y necesidades de las personas usuarias.
