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Acción urgente: Nueva amenaza contra la vida y la seguridad de abogado defensor, evidencia riesgo en la labor de Derechos Humanos en Guerrero

Las organizaciones civiles y personas que suscribimos la presente, exigimos que el Estado mexicano garantice los derechos humanos de los defensores en el estado de Guerrero. Llamamos la atención al caso más reciente, de Rommel Cain Chacan Pale, abogado defensor de derechos humanos y operador del Monitor Civil de la Policía, quien recibió una amenaza directa vía telefónica el pasado viernes 5 de junio, en contra de su seguridad e integridad física, y la de su familia.


Chacan Pale se dedica a la documentación y defensa de los abusos de autoridad en contra de la ciudadanía y de los propios integrantes de los cuerpos de seguridad de la región. El Monitor ha registrado hasta el día de hoy 185 casos relacionados con 16 de las 24 corporaciones policíacas que se encuentran en la región, resaltando 13 quejas relacionadas con el Ejército Mexicano.


El pasado viernes, por teléfono, un interlocutor desconocido increpó directamente a Rommel y su familia con un lenguaje que puede interpretarse como amenaza de muerte. Le advirtió que están siendo vigilados. La amenaza se da después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores en el Estado, incluido Chacan Pale, lo que hace patente el riesgo y la inacción del Estado para garantizar la seguridad y la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Las organizaciones que auspiciamos la operación del Monitor, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e INSYDE, consideramos que éste no es un caso aislado y entendemos la amenaza como resultado de la impunidad persistente en el estado. El 20 de febrero de 2009 Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFMP) fueran encontrados sin vida y con inminentes huellas de tortura. Al día de hoy, el asesinato extrajudicial de Raúl y Manuel permanece impune, y la Procuraduría General de la República está estudiando atraer el caso ante la falta de garantías en la integración de la investigación en la Procuraduría local.

Otro caso es el de Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT), quien desde 2005 ha sido víctima de amenazas continuas a raíz de las acciones que ha emprendido para documentar y denunciar los abusos del Ejército en las comunidades indígenas de la región. Las amenazas se intensificaron a principios de 2009.

Es de conocimiento público que en noviembre de 2008 el Gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, y del Comandante de la Novena Región Militar, Enrique Alonso Garrido Abreu, se refirieron a las organizaciones de derechos humanos como “parapetos del narcotráfico”, descalificando el trabajo de defensa y promoción de derechos humanos(1). La CIDH ha señalado que “al inhibir la labor de defensoras y defensores (…) el Estado pone en riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas”(2).
En suma, las condiciones en que trabajan las y los defensores de derechos humanos en Guerrero son precarias y sumamente peligrosas. La nueva amenaza se da en un contexto de violencia exacerbada y omisiones por parte de las fuerzas de seguridad locales. El riesgo es muy alto. Por ello exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil a que envíen una carta exigiendo a las autoridades que Rommel Caín Chacan Pale, Matilde Perez Romero y Mario Patrón Sánchez, sean debidamente protegidos por el Estado mexicano, de acuerdo a las medidas urgentes y provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 9 de abril y 18 de mayo de 2009. Y ponemos a su consideración soliciten a las autoridades lo siguiente:
PRIMERO.-Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de Rommel Caín Chacan Pale y su familia.
SEGUNDO.-Que el Estado mexicano haga efectivas las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, toda vez que las autoridades locales no han garantizado plenamente la seguridad e integridad de las y los defensores de derechos humanos en el estado.
TERCERO.-Garantizar el cese inmediato de los actos de intimidación, amenazas, hostigamiento y persecución que buscan obstaculizar y frenar la labor de monitoreo y supervisión civil de las policías y cuerpos de seguridad.
CUARTO.- Exigimos dar curso a la denuncia penal de manera inmediata y ordenar a las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a las amenazas de las que ha sido objeto Rommel Caín Chacan Pale, con el fin de que los responsables sean presentados ante un tribunal competente, y que el resultado de la investigación se haga público.

(1) Así lo han documentado diversos medios locales, incluyendo La Jornada Guerrero, Movimientos sociales son fachada de la delincuencia organizada: Torreblanca, 16 de noviembre de 2008; El Sur, Muchos movimientos sociales están involucrados en el crimen, acusa Zeferino, 16 de noviembre de 2008; El Sur, “Delincuentes buscan refugio en organismos de derechos humanos, dice el general Alonso”, 20 de febrero de 2009; El Sur, “Todas las protestas públicas se financian con dinero de la delincuencia, acusa Zeferino” 21 de febrero de 2009; La Jornada Guerrero, “Atrasan liberación de 4 indígenas de la OPIM por lenta burocracia”, 19 de marzo de 2009. Todas las fuentes en hipervínculo consultadas el 9 de junio de 2009.
(2) Washington 2006. OEA/Ser.L/V/II.124 Doc 5 rev. 1. 7 de marzo de 2006.