COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.
Las organizaciones y personas abajo firmantes nos manifestamos públicamente respecto al acoso que viven hoy las compañeras de la Casa de la Mujer Indígena –CAMI- Nellys Palomo Sánchez, ubicada en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, exigiendo justicia y respeto a la integridad de todas sus integrantes y la asesora de la misma.
La Cami es una organización formada por un equipo de parteras, parteros, promotoras y promotores indígenas quienes desde mayo de 2011 prestan un invaluable servicio a las mujeres y hombres de la Costa Chica-Montaña, cuando diariamente acuden a la misma buscando apoyo para la atención de su salud sexual y reproductiva, especialmente durante el embarazo y parto; así como pidiendo orientación para casos de violencia y abuso vividos por las mujeres indígenas de la región.
Durante los cuatro años que han transcurrido desde su fundación, la CAMI atiende de manera voluntaria, respetuosa, en su propia lengua y con una perspectiva de derechos a cientos de mujeres, hombres, jóvenes, recién nacidos Meph´a, Na Saavi, mestizos y afromexicanos, de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Iliatenco, Tlapa y Marquelia. Este ha sido un trabajo de respeto y colaboración con otras instancias existentes en la región como las autoridades comunitarios de cada localidad, la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias, la Secretaría de Salud, de la Mujer, DIF, ayuntamiento municipal, entre otros.
Hoy la CAMI enfrenta una situación de acoso, agresiones y amenazas directas a parte de su equipo, entre ellas la coordinadora de la misma C. Apolonia Placido Valerio y la asesora de la casa Lic. Valladolid Ventura Nava por su incansable labor de defensa a los derechos de las mujeres y en este caso de una menor que en el mes de agosto presentó ante la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias una denuncia por violación por parte del C. Germain Vazquez Juarez un exprofesor suyo de quien se anuncia hoy que fue liberado en días pasados por las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC.
Aunque se entregaron ante dicha instancia suficientes pruebas que acreditan el delito, la decisión de las autoridades comunitarias tomada en la Asamblea Microregional por sugerencia de la Comisión investigadora el 4 de septiembre, fue no acreditar la violación, establecer que hubo “abusos deshonestos” pero no violación con el argumento de que ellos ya se conocían y tenían una relación previa, sin tener en cuenta las pruebas y consideraciones recabadas por las organizaciones que acompañamos el proceso. El delito de abusos deshonestos es una forma de enmascarar o atenuar la gravedad de crímenes como la violación y el abuso sexual. Reiteramos que todo acto sexual cometido en contra de la voluntad de la mujer mediante el uso de la fuerza física es una violación y debe ser castigado como tal, máximo en un caso como éste donde se trata de una menor de edad y una figura de autoridad como un maestro de primaria.
A pesar de ello, la decisión de las autoridades fue encarcelar a la madre y el abuelo de la menor por considerar que no habían sabido educarla y someter a reeducación al profesor asignándole tareas como docente cuando existe información de otros casos de abusos a otras menores que por miedo no se han atrevido a denunciar.
De inmediato la Cami manifestó públicamente ante la asamblea microregional y la localidad donde ocurrieron los hechos la inconformidad con la decisión por considerar que viola flagrantemente los derechos de las mujeres, perpetua la imposibilidad de acceder a la justicia, revictimiza a la menor quien ha sido sometida a toda clase de situaciones públicas de vulneración de su privacidad y coloca nuevamente la responsabilidad de estas situaciones en las mujeres o sus familias y no en los agresores, al decididir encarcelar a los familiares porque supuestamente “no supieron cuidar a las hijas”. La respuesta a ello desde entonces ha sido una serie de acciones de amenazas, acciones de desprestigio público e intimidaciones a las dos compañeras que han estado dando seguimiento al caso.
La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo un serio problema en el país, el Estado y la región donde se vive cotidianamente la violencia física y sexual hacia las mujeres así como el abuso de menores de edad, muchos de ellos al interior de las familias o en las escuelas. Sin embargo pocas denuncian por temor y amenazas o bien por falta de credibilidad en las instituciones responsables de impartir justicia. Si hoy las mujeres y niñas de San Luis Acatlán que se atreven a denunciar tampoco encuentran respuesta en sus autoridades comunitarias y por el contrario se toman decisiones que apuntan a la impunidad, la revictimización y la amenaza a las defensoras de derechos humanos qué espacio les queda entonces al cual acudir en busca de justicia? El mensaje es que los derechos de las mujeres pueden ser violados de manera sistemática, reiterada y sin ninguna consecuencia.
Por todo lo anterior
MANIFESTAMOS:
- Nuestro rechazo total a la liberación del Germain Vazquez Juarez y a la forma como está siendo minimizado el delito cometido por él pues las diferentes pruebas recabadas (dictamen médico, testimonio de la menor, fotos de lesiones, valoración psicológica) evidencian violación sexual y hay señalamientos de que su comportamiento ha sido abusivo con varias menores de edad.
- Nuestra exigencia de justicia para la menor y preocupación por la pretensión de cerrar el caso de la menor sin tener en cuenta las pruebas y consideraciones recabadas por las organizaciones que acompañamos el proceso. Igualmente nuestro rechazo a culpar a la víctima, en este caso a la menor, a su madre y a su abuelo. Castigar a las víctimas del delito es a toda luz un mensaje para que se promueva la no denuncia de las comunidades, es revictimizar y profundizar el dolor ante hechos tan indignantes como lo es en este caso una violación sexual.
- Nuestra exigencia de cese a la situación de acoso, hostigamiento y desprestigio de la cual están siendo víctimas nuestras compañeras de la Casa de la Mujer Indígena Nellys Palomo en especial hacia la Coordinadora de la CAMI la compañera: APOLONIA PLACIDO VALERIO, y la asesora de la misma: la abogada VALLADOLID VENTURA NAVA. Aclaramos que este no es un asunto personal ni político pues el trabajo de la CAMI y las organizaciones acompañantes como Kinal Guerrero y Kinal DF durante todos estos años ha sido prevenir y atender casos de violencia de género colocando al centro la defensa y protección de los derechos de las mujeres. Hacemos responsables de cualquier daño que sufran las compañeras a la Crac, directamente a Abad García García, Martin Encarnación de la Cruz y Jesús Carranza Rojas, quienes autorizaron la liberación del profesor Germain Vázquez.
- Manifestamos que por años hemos sido compañeras de la lucha de los pueblos, y reconocemos el papel central que han jugado las autoridades comunitarias de los pueblos entre ellos la CRAC en la región. Hemos estado y estaremos en este proceso de lucha colectiva de los pueblos, pero no a costa de los derechos de las mujeres ni la integridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos como la CAMI. ¡No a la impunidad ni a las amenazas vengan de donde vengan!
- Convocamos a una Jornada por la Vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas en próximas fechas y llamamos a las organizaciones hermanas y a las de derechos humanos, a solidarizarse con este caso, a estar vigilantes rodeando a las compañeras y a exigir de manera amplia a las autoridades respeto y garantías a la integridad física y emocional de las compañeras
En constancia firman,
KINAL ANTZETIK DISTRITO FEDERAL A.C.
KINAL ANTZETIK GUERRERO A.C.
Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
