Hoy, el Gobierno del estado de Oaxaca ha asumido la responsabilidad por los daños causados a las más de 500 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante 2006 y 2007 documentadas por la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Informe de la Suprema Corte de Justicia la Nación sobre el Caso Oaxaca, entre otros documentos. No obstante, el número de víctimas se presume es mayor por los varios actos de violencia sistemática y generalizada que ocurrieron y han sido documentadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Desde Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, fuimos testigos de la práctica generalizada de violaciones graves a los derechos fundamentales por parte de autoridades federales y estatales frente a las demandas legítimas del movimiento social que pugnaba por la democratización en el estado de Oaxaca. Durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en 2006 y 2007, ocurrieron hechos que vulneraron el derecho a la vida, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad personal y jurídica, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la paz y el derecho a la información, hechos realizados por autoridades federales y estatales que fueron documentados plenamente por la CNDH y la SCJN.
Boletín de Prensa
Oaxaca, Oaxaca a 14 de junio de 2012
Acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano ante las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante 2006 y 2007 en Oaxaca
- El Estado mexicano, a través del gobernador de Oaxaca, reconoce su responsabilidad ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007, así como la importancia de dignificar a las víctimas de las mismas.
- Frente a ellas, el Estado asume su obligación de reparar los daños ocasionados a nivel individual, familiar y colectivo.
- Este acto es solo el comienzo de diversas acciones reparadoras que el Estado tiene que realizar y que no sustituyen su obligación frente al derecho de las personas al conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos y la demanda de justicia.
Recordamos que el 14 de junio de 2006 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Oaxaca, marcada por la exigencia ciudadana de democratización de una sociedad marcada por el autoritarismo y la impunidad. Consideramos importante la reivindicación de este día como una fecha histórica clave para la reconstrucción del tejido social, la participación ciudadana y el reconocimiento de la legitimidad del movimiento social constituido principalmente por la Sección 22 del Magisterio, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y simpatizantes. Por lo antes descrito, el presente acto se realiza en esta fecha.
Hoy, el Gobierno del estado de Oaxaca ha asumido la responsabilidad por los daños causados a las más de quinientas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante los años 2006 y 2007 documentadas por la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Informe de la Suprema Corte de Justicia la Nación sobre el Caso Oaxaca, entre otros documentos. No obstante, el número de víctimas se presume es mayor por los varios actos de violencia sistemática y generalizada que ocurrieron y han sido documentadas por las organizaciones defensoras de derechos.
Desde el ámbito de los derechos humanos, fuimos testigos de la práctica generalizada de violaciones graves a los derechos fundamentales por parte de autoridades federales y estatales frente a las demandas legítimas del movimiento social que pugnaba por la democratización en el estado de Oaxaca. Durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en 2006 y 2007, ocurrieron hechos que vulneraron el derecho a la vida, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad personal y jurídica, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la paz y el derecho a la información, hechos realizados por autoridades federales y estatales que fueron documentados plenamente por la CNDH y la SCJN.
Es importante reconocer que las víctimas han sufrido daños irreparables como producto de las graves violaciones de los derechos humanos, y que estas violaciones han afectado también a sus familias y personas cercanas. Las víctimas han sufrido también un proceso de estigmatización que, aunado a las secuelas físicas y psicológicas de las violaciones de sus derechos humanos, han dificultado su reintegración a la sociedad.
Por ello, el Estado mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, reconoce públicamente la inocencia de las personas que fueron arbitrariamente detenidas en este periodo, dignifica la memoria de los caídos y sus familias, y firma un Acuerdo que crea el Plan Integral de Reparación del Daño que contempla medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos que se irán definiendo, implementando, revisando y evaluando, y que contará con la participación de las víctimas.
En vista de lo anterior, consideramos que este acto público de reconocimiento de responsabilidad del estado de Oaxaca contribuye a la dignificación de las víctimas y a su reintegración a la sociedad, así como a un proceso de reconstrucción del tejido social que solo será posible si está basado en la verdad y la justicia.
Insistimos que la justicia será siempre una premisa irrenunciable y que desde luego es parte fundamental del Plan integral de reparaciones. Por lo anterior, exigimos que en el menor tiempo posible las investigaciones que realiza la Fiscalía en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca rinda frutos y pueda establecer la responsabilidad penal de los responsables de las violaciones cometidas en el 2006 y 2007 en esta entidad. Este es un paso necesario para romper con el pasado autoritario y pugnar por una transición democrática desde un marco de justicia transicional, en miras a la reconstrucción del tejido social y la reconciliación de los diversos sectores de la sociedad.
“Descarga el Dossier sobre reparación del daño”
*Para más información contactar a las siguientes personas:
-En Oaxaca:
Sara Méndez – [email protected]
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
Tel: (951) 516-0802
-En el Distrito Federal:
Ximena Antillón – [email protected]
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Tel: (55) 5554-3001 ext. 153
