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Antes de que nos lleve el tren

¿Cuántos trenes con judíos que eran llevados a los campos de exterminio dejaron pasar los alemanes sin hacer nada? ¿Cuántos trenes más llenos de personas que se rifan la vida vamos a dejar pasar las y los mexicanos sin hacer nada al respecto?

Al ferrocarril de carga que abordan las personas migrantes le llaman “la bestia de hierro”, “el tren de la muerte” o “el tren asesino”. Se trata de otra manera de cruzar por México, que no se paga con pesos sino con riesgos: aquellos que se caen del tren, mueren o quedan gravemente heridos. Los que se aferran a vagones y techos tienen que enfrentar a los agentes de la policía privada que resguarda a los trenes, a los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal, y a los delincuentes que los roban, secuestran, extorsionan, violan o asesinan.

Pero los hechos en el tren son tan sólo una parte de esta catástrofe social que ocurre diariamente en México. Existen además alertas reiteradas emitidas por quienes trabajan en los albergues para personas migrantes de todo el país y la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de publicar un informe en el que da cuenta de 11,333 plagios de personas migrantes durante el periodo de abril a septiembre de 2010.

¿Quién es responsable de esta tragedia? En primer lugar, el Estado mexicano porque no garantiza la seguridad humana de las personas migrantes. Hasta ahora, no existe autoridad alguna que rinda cuentas sobre los abusos cometidos contra dichas personas. Se trata además de un problema estructural: la política migratoria mexicana está basada en el control, la detención y la deportación de personas, lo que contribuye a poner en situación de mayor riesgo a las personas migrantes.

En segundo lugar, somos responsables las y los mexicanos que no le exigimos cuentas a quienes tienen el mandato de administrar y gestionar los recursos públicos. No es admisible que de los 2,451.2 millones de pesos que se presupuestaron para el INM en 2009, tan sólo 22.6 millones (menos del uno por ciento) se destinaron a los grupos Beta, la única política pública del INM para proteger los derechos humanos de las personas migrantes durante ese año.

La Ley de Migración que se aprobó en lo general en el Senado el 22 de febrero y que será discutida en lo particular el 24 de febrero, no revertirá esta política de control, detención y deportación. Si no queremos que México acabe siendo una estación migratoria de dos millones de kilómetros cuadrados, tenemos que exigir un cambio en la visión del Estado hacia las personas migrantes para que realmente se les trate como sujetos de derechos. El balón caerá en la cancha de las y los diputados, quienes deben incorporar una serie de cambios para que tengamos una legislación que verdaderamente cambie el paradigma bajo el cual se construye la política migratoria del Estado mexicano.

Al final, estamos ante una decisión que afectará millones de vidas y simplemente esta generación de mexicanas y mexicanos no podemos darnos el lujo de dejar pasar esta catástrofe social que algunos defensores de derechos humanos ya catalogan como un holocausto.

*Diego de la Mora