Los anticonceptivos son un insumo elemental del llamado paquete garantizado de servicios de promoción y prevención de la salud, en palabras simples, son de los más básicos bienes en salud que cualquier Estado y gobierno debe proveer a la población en general.
Una consecuencia inmediata del desabasto de los anticonceptivos es la imposibilidad de hacer efectivo el derecho constitucional a decidir cuántos hijos o hijas tener o no y el espaciamiento entre ellos. Otra, en el mismo tenor, es la negación a la protección de la salud, pues es sabido que el uso de preservativos es un medio para prevenir infecciones de transmisión sexual. Además de que es un insumo que permite el ejercicio de una sexualidad más libre.
El Estado debe eliminar barreras de acceso, así como el estigma y la discriminación y debe responder conforme a las obligaciones constitucionales del derecho a la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. De esta manera, debe garantizar por un lado, la accesibilidad con base a los requerimientos de la población y por el otro, garantizar su disponibilidad.
Con tal fin, desde el 2014 implementó la modalidad de compra consolidada de anticonceptivos, la cual básicamente consiste en que la federación con los estados planifiquen cuáles anticonceptivos adquirir y para cuantas personas. Así los gobiernos estatales deciden cuánto de su recurso del Sistema de Protección Social en Salud asignan para la compra.
Sin embargo, revisando las cifras publicadas en el portal de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud, del año 2015, tales recursos decrecieron -21.65 % en relación a lo presupuestado en 2014, la asignación bajó de 1.002,62 millones de pesos en 2014 a 812,30 millones de pesos en 2015, pese a que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 da cuenta que sólo el 51.4% de las mujeres de 15 a 49 años usan anticonceptivos.
De las 32 entidades federativas, 24 (75 %), se vieron afectadas negativamente con estos recortes, por ejemplo, el presupuesto de Jalisco decreció un -64.25 %, Michoacán -58,34 % y el Distrito Federal -52,53 % y con relación a las entidades que se vieron favorecidas, estas tuvieron incrementos menores, con la sola excepción de Oaxaca que tuvo un aumento del 56,79 %. La ENADID reporta que Michoacán con un 46.2%, Guanajuato con un 47.3%, Guerrero con un 47.8% y Chiapas con un 40.0% son los estados con menos uso de anticonceptivos, de estas cuatro entidades, en el 2015 tres presentan disminuciones en los recursos asignados para la compra de anticonceptivos: Michoacán – 58.63, Guanajuato -6.56, y Guerrero -25.49.
A la luz de los recortes presupuestarios identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, tal comportamiento financiero es de la mayor gravedad. Si al Sistema de Protección Social en Salud se le contraerán sus recursos en un -5.43% ¿cómo se afectará la compra de anticonceptivos? En el proyecto del PEF 2016 es inexistente una explicación de dicho recorte y sus consecuencias.
¿Quién es responsable de estas decisiones? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuáles fueron los espacios de consulta y decisión conjunta con la población?
Es factible aventurarse que el mayor peso de las decisiones de gestión presupuestaria está en el ámbito federal, en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Salud. La primera por imponer los límites en recursos, y la segunda por aplicarlos al ámbito estatal.
Es urgente que el gobierno haga pública las causas y fundamentos de estas medidas y afectaciones de las mismas, el marco de la actual discusión del Paquete Económico 2016, es un espacio más que pertinente para que las y los funcionarios de ambas secretarías den explicaciones públicas y para que la H. Cámara de Diputados y Diputadas se los exija y revierta la reducción del gasto en salud.
Daniela Díaz
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2015/10/23/anticonceptivos-donde-quedaron-en-el-presupuesto-2016
