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El Anexo 13 debe considerar solo los programas y las acciones que en los hechos atienden las necesidades de las mujeres en México. Ante el contexto de violencia por razones de género, deben analizarse los recursos que se han asignado históricamente al Anexo13 y si estos han respondido a las demandas sociales del movimiento amplio […]
El Congreso de la Unión tiene hasta el 15 de diciembre para subsanar las deficiencias de la Ley. Con una mejor Ley se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático. Al buscar resarcir la omisión legislativa del Congreso, esta sentencia es un […]
13 autoras y autores, familiares de personas desaparecidas desafían el silenciamiento y abren espacio para escribir la narrativa desde sus voces.
El libro es resultado de un proceso de reflexión para encontrar nuevas formas de acompañar y contribuir al cambio de narrativas sobre la violencia en México.
El libro es parte de un proceso de reflexión dentro de Fundar sobre las formas de silenciamiento, disciplinamiento y apropiación que operan sobre el testimonio de las víctimas, en un circuito de poder del que, en muchas ocasiones hemos formado parte también las organizaciones de la sociedad civil. Como organización dedicada a la defensa de derechos humanos a través del análisis de políticas públicas, en Fundar, decidimos mirar hacia el activismo y los cuestionamientos en sectores de la academia comprometidos con la descolonización de la investigación para repensar nuestra manera de vincularnos y crear desde la retaguardia.
En 2020, ante el contexto generado por la pandemia por COVID-19, uno de los mayores retos fue encontrar nuevas formas de acompañar. Por ello, tomamos la oportunidad de repensar nuestro lugar como organización acompañante y proponer a partir de esas reflexiones la realización de un taller de creación literaria con el objetivo de contribuir al cambio de narrativa sobre la violencia en México a través de la construcción de un espacio para que las y los familiares de personas desaparecidas se expresaran de forma creativa mediante historias de ficción y no ficción creadas por ellas y ellos mismos.
“No hay lugar en este país” es el resultado de este espacio en el que, de la mano de la autora Brenda Navarro, 13 familiares se transforman en autoras y autores para contar sus propias historias. Los 13 relatos están habitados por la esperanza de quienes han aprendido a vivir y a caminar juntas y juntos, así como del amor inconmensurable de quien toma una pala para buscar y enterrar dignamente a las hijas y los hijos de este país herido.
Con este proceso buscamos romper con la inercia de “traducir” las experiencias y demandas de las víctimas, pues sabemos que esa “traducción” tiene implicaciones políticas sobre quiénes pueden hablar y quiénes pueden ser escuchadas o escuchados en determinados contextos. Desde Fundar agradecemos a Bárbara G. Arredondo, María Del Carmen Benítez, Martha A. Camacho, Laura Curiel, Emmanuel Espinosa, Guadalupe Fernández, Edith Hernández, Tania M. Lagunas, Paulina Quezada, Tita Radilla, Erika Rodríguez, Blanca Soto y José Ugalde por permitirnos ser la casa donde nacieron las palabras que dan forma a “No hay lugar en este país”, y a Brenda Navarro por su complicidad. Esperamos que este ejercicio permita seguir reflexionando y abriendo un nuevo camino para imaginar otras formas de acompañar y construir narrativas sobre la violencia, en primera persona, desde las víctimas.
Contacto:
Mariana Gurrola, Comunicación Fundar
comunicacion@fundar.org.mx | 555554 3001
Ciudad de México, 9 de agosto de 2021.- La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)[1] desea expresar en este día de conmemoración de las luchas de nuestros pueblos un llamado enérgico al Estado mexicano a que avance decididamente en la Reforma Constitucional sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Esta demanda histórica de los pueblos y comunidades fue un compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador que no se ha concretado.
Avanzar la Reforma implica saldar una deuda histórica para hacer cumplir los acuerdos de San Andrés Larraizar y dar paso a una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado. Resulta inadmisible que hasta hoy la condición de “Nación Pluricultural” siga siendo una promesa vacía de la Constitución, mientras que las corporaciones y los malos gobiernos han impulsado políticas neoliberales a espaldas de los pueblos, que han traído violencia y despojo en nuestros territorios, en franca violación de sus derechos colectivos. Ejemplos de ello han sido la Reforma Energética, la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales.
A pesar de que en los hechos los pueblos seguimos dando una lucha histórica por hacer prevalecer nuestra libre determinación y autonomía, vemos como nuestras formas de gobierno, los sistemas normativos y la integridad de nuestros territorios y bienes comunes, siguen siendo amenazados y violentados. El riesgo ya no está sólo en los proyectos de muerte, sino que ahora incluye a redes de criminalidad y corrupción en complicidad con gobiernos, cacicazgos locales y actores empresariales.
Estos fenómenos continúan provocando agresiones en las comunidades y ataques contra defensores/as del territorio, viviéndose una espiral de violencia sin precedentes que deja clara la falta de garantías por parte del Estado mexicano. Tan solo en este último año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó el homicidio de 12 defensores en lo que va del 2021, entre los que lamentamos la pérdida de hermanos de la Tribu Yaqui y otros valiosos compañeros.
Para revertir estas injusticias acumuladas hacía pueblos y comunidades, la propuesta de Reforma resulta clave, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena; el control de nuestros territorios y bienes comunes y la aplicación de los sistemas propios de seguridad y justicia. Asimismo, busca romper con el tutelaje colonial del Estado para ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público con capacidad de darle toda la fuerza jurídica a las decisiones comunitarias y a contar y disponer de presupuestos propios.
En este día que simboliza la lucha permanente de los pueblos por revertir el sistema de opresión colonial y las condiciones de exclusión y discriminación histórica, reiteramos nuestro llamado al Presidente de la República, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión, para que la Reforma Constitucional de Derechos de Pueblos Indígenas sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura; se establezca como un tema prioritario de la Agenda Legislativa y se avance de forma resuelta en su aprobación durante este período.
Exigimos también que la propuesta no se desvíe del espíritu de los Acuerdos de San Andrés, los estándares internacionales en la materia y los aportes presentados por pueblos, comunidades, organizaciones y autoridades indígenas de los distintos estados del país durante el proceso previo de construcción de la propuesta de reforma.
[1] ALDEA está integrada por Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 10 estados de la República, pertenecientes a los pueblos: Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa,
Conoce las demandas de la ALDEA:
Pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles que integran la ALDEA:
Asunción Ocotlan, Oaxaca
Bienes Comunales de la Selva Lacandona, Chiapas
CDH Fray Pedro
CDI Flor y Canto A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Colectivo de Abogadas
Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Campeche
Comunidad de Tepetlaoxtoc, Estado de México
Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Estado de México
CONTEC, A.C.
Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Oaxaca
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero
El porvenir, Oaxaca
Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco, Estado de México
Fundación para el Debido Proceso. DPLF
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
La Barda Paso de Piedras, Oaxaca
Maguey Largo, Oaxaca
Oxfam México
Pueblo de Vicam, Sonora
Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal, Chiapas
Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina.
Red de Mujeres Artesanas, San Luis Potosi
San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca
San Felipe Apostol, Oaxaca
San Francisco Magú, Estado de México
San Isidro Zegache, Oaxaca
San Jacinto Ocotlán, Oaxaca
San Lorenzo de Azqueltan, Jalisco
San Martín Tilcajete, Oaxaca
San Matías Chilazao, Oaxaca
San Pedro Apostol, Oaxaca
San Pedro Martir, Oaxaca
San Sebastián, Oaxaca
Santa Ana Zagache, Oaxaca
Santa María Ostula, Michoacan
Santiago Apostol, Oaxaca
SEDEPAC Huasteca, San Luis Potosi
Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
Servicios y Asesoria para la Paz A.C. (Serapaz)
Tejas de Morelos, Oaxaca
Tianguis Campesino – Chiapas
Tlalij A. C
Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.
Contactos de prensa:
Daniel Islas, Comunicación Serapaz
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Mariana Gurrola Y., Comunicación Fundar
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Cecilia Navarro, Comunicación CCMSS
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· Estudios y Evaluaciones de impacto previstas en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica para autorizar proyectos, son incongruentes con marco internacional de derechos humanos. · El Poder Legislativo debe armonizar la normativa interna para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ciudad de México a 27 de […]
· Es necesario que 10% de la población con mayores ingresos pague más impuestos, en beneficio de la población con menores recursos.
México, a 25 de mayo de 2021.- La pandemia causada por la Covid-19 ha profundizado la desigualdad en México al ocasionar la pérdida de empleos, aumentar las brechas de género y de acceso a tecnología, así́ como la vulnerabilidad de la población históricamente marginada. De acuerdo con el informe La vacuna contra la desigualdad, presentado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Oxfam México, la actual crisis hace urgentes reformas fiscales que garanticen que la población con mayores ingresos pague más impuestos, en beneficio de la población con menores recursos, para con ello mitigar las afectaciones por la Covid-19.
El análisis revela que México tiene una recaudación por concepto de impuestos a la propiedad equivalente a sólo 0.33% de su PIB, y que el 10% más rico del país acumula 28% del valor de las propiedades inmuebles (casas, departamentos, edificios y locales). Si todas las autoridades locales cobraran el predial con tarifas progresivas, valores catastrales que coincidan con los del mercado, y sin beneficios para las propiedades de mayor valor, podrían recaudarse hasta 378 mil mdp cada año (1.5% del PIB); esto sería siete veces más de lo que se recauda actualmente ($57 mil mdp).
Otra alternativa para aumentar los recursos es implementar un impuesto a la riqueza neta, que considere el patrimonio total de las personas; esto incluye cuentas bancarias, bonos, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro de vida, embarcaciones, aeronaves, joyas, obras de arte y antigüedades, así́ como derechos de propiedad intelectual o industrial. Si se gravara por esta vía a la población con riqueza superior a 10 mil 746 millones de pesos, se pueden recaudar hasta $99 mil mdp, equivalentes a 0.4% del PIB.
El correcto diseño y aplicación de estos impuestos combatiría la concentración de la riqueza y con ello disminuir las desigualdades en nuestro país, incrementando los recursos necesarios para mitigar la crisis actual en equidad de género, salud y educación. En la misma lógica, otras opciones tributarias consisten en mejorar la progresividad del Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas, además de reducir los espacios de discrecionalidad en la toma de decisiones.
Como detalla el informe, desde el inicio de la pandemia, 34% de las mujeres que trabajan perdieron su empleo, frente a 26% de los hombres. Esta diferencia es más significativa, considerando que las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado (39 horas semanales frente a 13), y que aún antes de la pandemia sus ingresos eran, en promedio, 17% menores que los de los hombres. Las ampliaciones en los ingresos públicos podrían destinarse a establecer un Sistema Nacional de Cuidados.
En términos de salud, durante 2020, el presupuesto ejercido en salud se redujo casi 5 mil millones de pesos (mdp), aun cuando la atención de la pandemia requería aumentar el presupuesto del sector salud en 0.94 puntos del PIB para incrementar los recursos físicos y humanos; sin embargo, el presupuesto adicional fue de 0.09% del PIB. Además, se gastarán 35 mil 153 mdp para la compra de la vacuna contra la Covid-19, usando recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), que atiende padecimientos de alta especialidad para población que no cuenta con afiliación a instituciones públicas. Esto, sumado a la creación del INSABI, dejará el FSB con 75% menos de su presupuesto, pese a que atiende enfermedades que representan un costo importante para las familias de bajos ingresos.
Por otro lado, el sector educativo enfrenta retos significativos para recuperar las pérdidas en aprendizaje. El 78.6% de los hogares reportaron dificultades para que las y los menores de edad continúen con su educación. Las causas principales fueron la falta de computadoras e internet en 48.5% de los hogares, falta de apoyo de docentes en 31.4% de las familias, y la distracción de estudiantes en 21.1% de los hogares. Además, existen 62 mil 629 escuelas públicas básicas que no cuentan con lavamanos, infraestructura sanitaria indispensable para un regreso seguro a clases. Se estima que para proveer de acceso al agua y un lavamanos a cada una de estas escuelas se requiere de, al menos, 10 mil millones de pesos.
Ante este contexto, se muestra que el gobierno mexicano no ha dedicado recursos suficientes para asegurar los derechos de la población, por lo que se hace aún más necesario ampliar el espacio fiscal para la atención a la pandemia, lo cual podría ser posible a partir de las opciones analizadas en La vacuna contra la desigualdad.
Consulta el informe completo en:
DATOS DE PRENSA:
Alejandra Isibasi alejandraisibasi@oxfammexico.org
Mariana Gurrola marianag@fundar.org.mx
Mariana Villalba marianavillalba@ciep.mx
Tatiana Sotres tsotres@gmail.com
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 12 de mayo de 2021.- En el marco de la campaña por la vida “Mar de agravios, Montaña de quebrantos” la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” (Red TDT); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; y Servicios y Asesoría para […]
La iniciativa preferente de hidrocarburos pretende fortalecer el control del Estado en este sector, pero olvida los derechos de pueblos y comunidades y de las generaciones futuras, así como la prohibición del fracking. Tal y como fue presentada por el Ejecutivo, la reforma es una oportunidad perdida para transformar las promesas del gobierno en hechos. […]