· Es necesario que 10% de la población con mayores ingresos pague más impuestos, en beneficio de la población con menores recursos.

México, a 25 de mayo de 2021.- La pandemia causada por la Covid-19 ha profundizado la desigualdad en México al ocasionar la pérdida de empleos, aumentar las brechas de género y de acceso a tecnología, así́ como la vulnerabilidad de la población históricamente marginada. De acuerdo con el informe La vacuna contra la desigualdad, presentado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Oxfam México, la actual crisis hace urgentes reformas fiscales que garanticen que la población con mayores ingresos pague más impuestos, en beneficio de la población con menores recursos, para con ello mitigar las afectaciones por la Covid-19.

El análisis revela que México tiene una recaudación por concepto de impuestos a la propiedad equivalente a sólo 0.33% de su PIB, y que el 10% más rico del país acumula 28% del valor de las propiedades inmuebles (casas, departamentos, edificios y locales). Si todas las autoridades locales cobraran el predial con tarifas progresivas, valores catastrales que coincidan con los del mercado, y sin beneficios para las propiedades de mayor valor, podrían recaudarse hasta 378 mil mdp cada año (1.5% del PIB); esto sería siete veces más de lo que se recauda actualmente ($57 mil mdp).

Otra alternativa para aumentar los recursos es implementar un impuesto a la riqueza neta, que considere el patrimonio total de las personas; esto incluye cuentas bancarias, bonos, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro de vida, embarcaciones, aeronaves, joyas, obras de arte y antigüedades, así́ como derechos de propiedad intelectual o industrial. Si se gravara por esta vía a la población con riqueza superior a 10 mil 746 millones de pesos, se pueden recaudar hasta $99 mil mdp, equivalentes a 0.4% del PIB.

El correcto diseño y aplicación de estos impuestos combatiría la concentración de la riqueza y con ello disminuir las desigualdades en nuestro país, incrementando los recursos necesarios para mitigar la crisis actual en equidad de género, salud y educación. En la misma lógica, otras opciones tributarias consisten en mejorar la progresividad del Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas, además de reducir los espacios de discrecionalidad en la toma de decisiones.

Como detalla el informe, desde el inicio de la pandemia, 34% de las mujeres que trabajan perdieron su empleo, frente a 26% de los hombres. Esta diferencia es más significativa, considerando que las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado (39 horas semanales frente a 13), y que aún antes de la pandemia sus ingresos eran, en promedio, 17% menores que los de los hombres. Las ampliaciones en los ingresos públicos podrían destinarse a establecer un Sistema Nacional de Cuidados.

En términos de salud, durante 2020, el presupuesto ejercido en salud se redujo casi 5 mil millones de pesos (mdp), aun cuando la atención de la pandemia requería aumentar el presupuesto del sector salud en 0.94 puntos del PIB para incrementar los recursos físicos y humanos; sin embargo, el presupuesto adicional fue de 0.09% del PIB. Además, se gastarán 35 mil 153 mdp para la compra de la vacuna contra la Covid-19, usando recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), que atiende padecimientos de alta especialidad para población que no cuenta con afiliación a instituciones públicas. Esto, sumado a la creación del INSABI, dejará el FSB con 75% menos de su presupuesto, pese a que atiende enfermedades que representan un costo importante para las familias de bajos ingresos.

Por otro lado, el sector educativo enfrenta retos significativos para recuperar las pérdidas en aprendizaje. El 78.6% de los hogares reportaron dificultades para que las y los menores de edad continúen con su educación. Las causas principales fueron la falta de computadoras e internet en 48.5% de los hogares, falta de apoyo de docentes en 31.4% de las familias, y la distracción de estudiantes en 21.1% de los hogares. Además, existen 62 mil 629 escuelas públicas básicas que no cuentan con lavamanos, infraestructura sanitaria indispensable para un regreso seguro a clases. Se estima que para proveer de acceso al agua y un lavamanos a cada una de estas escuelas se requiere de, al menos, 10 mil millones de pesos.

Ante este contexto, se muestra que el gobierno mexicano no ha dedicado recursos suficientes para asegurar los derechos de la población, por lo que se hace aún más necesario ampliar el espacio fiscal para la atención a la pandemia, lo cual podría ser posible a partir de las opciones analizadas en La vacuna contra la desigualdad.