Preocupa el debilitamiento financiero que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) ha tenido en los últimos dos años y que continúa en la Iniciativa de Ley de Ingresos de 2022. En dos años, por ley, se ha ordenado disponer de hasta 73,000 mdp del FONSABI para financiar al INSABI, la pandemia y otras […]
Reconocemos y saludamos la propuesta del Ejecutivo de eliminar la tasa del 16% de IVA a los productos de gestión menstrual, un impuesto que vulnera el derecho a la no discriminación de todas las mujeres y personas menstruantes. Llamamos a las y los legisladores a aprobar la tasa 0% a estos productos para garantizar una […]
A pesar de que la menstruación es un proceso biológico por el que atraviesa más de un tercio de la población, el Estado mexicano no cuenta con políticas públicas integrales en materia de gestión menstrual. Las mujeres y personas menstruantes deben asumir los costos económicos asociados a la menstruación, y al mismo tiempo, como consecuencia de la cultura misógina que predomina en México, enfrentar los tabúes y estigmas sociales asociados a este proceso biológico.
Por ello, en diciembre de 2020, un grupo de diputados y diputadas de diversos partidos presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la tasa del 16% de IVA a productos de gestión menstrual, resultado de la negación, por parte del Legislativo, a la iniciativa de reforma para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a dichos productos durante la negociación del Paquete Económico 2021, elaborada por la colectiva Menstruación Digna México.
Bajo este contexto, entre los meses de junio y agosto de 2021 diversas académicas, organizaciones sociales e instancias públicas presentaron escritos de amicus curiae ante la SCJN con el propósito de demostrar las razones por las que la tasa del 16% de IVA a productos de gestión menstrual es inconstitucional. Los amicus curiae son documentos que permiten a terceros ajenos a la disputa jurídica aportar argumentos u opiniones que puedan servir como elementos al juicio en cuestión.
En este espacio ponemos a disposición del público los cuatro documentos de amicus curiae que se presentaron a la SCJN argumentando la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual:
Menstruar no es opcional. Niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes deben gestionar su menstruación. Esto puede implicar un gasto promedio de alrededor de $720 pesos en toallas. En los hogares más pobres se destina 1.2% de su ingreso, comparado con el 0.2% que gastan los más ricos.
Cobrar un impuesto por una condición biológica es discriminatorio e incluso inconstitucional. A diferencia de productos de lujo como el oro y las joyas que tienen tasa 0% del IVA, toallas, tampones y demás productos de gestión menstrual que son indispensables y básicos, no.
Este año volveremos a impulsar la iniciativa por una política fiscal que realmente contribuya a generar condiciones de igualdad y justicia. Nunca más la menstruación como un tema privado. ¡Menstruación digna ya!
Durante 12 días, del 18 al 29 de agosto, 12 ilustradoras compartieron en sus redes sociales el llamado por un #MenstruaciónSinIVA. Esta iniciativa de Fundar se enmarca en las acciones de la colectiva #MenstruaciónDignaMéxico.
Este año volveremos a impulsar la iniciativa por una política fiscal que realmente contribuya a generar condiciones de igualdad y justicia. Imponer una carga tributaria a la menstruación constituye un acto de discriminación que profundiza la desigualdad socioeconómica.
En este espacio recuperamos las ilustraciones. Nunca más la menstruación como un tema privado. ¡Menstruación digna ya!
En el segundo año de gobierno de AMLO se ejercieron 2 mil 248 millones de pesos, una quinta parte de lo ejercido por Peña Nieto (EPN) en su segundo año de gobierno. Se continúa ejerciendo la publicidad oficial bajo prácticas discrecionales y sin la debida transparencia. Persiste la concentración del gasto en publicidad oficial, en […]
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desempeña un papel central en el escrutinio de los recursos públicos. Como brazo técnico de la Cámara de Diputados, la ASF es una de las instancias más importantes dentro del ciclo presupuestario y en la estructura de contrapesos democráticos en el país.
Para dar cuenta de los aspectos positivos y negativos de su funcionamiento, este documento desarrolla el quehacer y la importancia del trabajo de la ASF para la fiscalización de los recursos públicos, desde su funcionamiento, los plazos de la fiscalización, los tipos de auditoría, las acciones que emite y su resolución, hasta las recuperaciones que se obtienen de la conclusión de las auditorías. Asimismo, se presenta la numeralia del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, con el propósito de ejemplificar la labor de la ASF.
Los gastos tributarios son políticas económicas y sociales, implementadas a través de las normas tributarias, que se caracterizan por permitir que las empresas y las personas físicas paguen menos impuestos. Estas herramientas de políticas públicas, sin embargo, suelen traer consigo más desventajas que beneficios, y el marco legal e institucional es, con frecuencia, poco claro y desarrollado. La aprobación, implementación y evaluación de los gastos tributarios deberían cumplir con ciertos estándares para evitar cualquier tipo de abuso; sobre todo porque estas herramientas de política pública suelen beneficiar a las personas contribuyentes de mayores ingresos y porque representan anualmente pérdidas recaudatorias muy importantes para el Estado. En México, dichas pérdidas provocadas por estas políticas han variado a lo largo de los años.
Bajo este contexto, y como parte de los esfuerzos de LATERAL (Latin America Tax Expenditure Research, Advocacy and Learning) por mejorar la regulación de los gastos tributarios, el presente documento desarrolla diversas recomendaciones para que el marco jurídico en torno al proceso de toma de decisiones de estas políticas garanticen una gestión más abierta y responsable. Para esto, se abordan diversos casos que demuestran en qué medida las deficiencias y vacíos del marco legal vigente han propiciado el abuso de este tipo de políticas.
El presente informe recopila las propuestas de diferentes estudios generados desde la Sociedad civil sobre la transparencia ambiental y presenta un análisis detallado sobre las deficiencias de acceso a la información ambiental y social de los proyectos mineros y contratos de hidrocarburos de las 30 compañías que reportan actualmente en EITI México.
También se describe cuáles son los pagos de las autorizaciones ambientales que aún es necesario transparentar, el estado actual de todos los proyectos, el cumplimiento de la legislación ambiental. Así como la disponibilidad de información sobre impacto a la biodiversidad, consumo de agua, efluentes y residuos peligrosos. En el tema de impacto social se analizan los conflictos mineros e impactos locales en territorios indígenas.
Finalmente, se presenta una lista de propuestas y desafíos para mejorar la transparencia y el derecho a la información en formato de datos abiertos respecto a temas estratégicos como uso indiscriminado de recursos naturales frente al cambio climático, enfoque de derechos humanos y pueblos indígenas.
Por todo ello se considera que el Informe Sobra es un insumo para avanzar en el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú que entró en vigor el 22 de abril y propone garantizar el acceso a la información y justicia ambiental en México y los países en los que fue ratificado.