En el libro “No es Normal”, Viri Ríos ilustra de manera muy sencilla el rol de una institución importantísima en nuestro país para la competencia económica: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). En dicho libro pone de ejemplo como en Palenque, Chiapas, un grupo de personas redujo el costo de las tortillas para sacar de la competencia a Dora, una comerciante del sector, y así lograr que cuando ella se fuera, estas personas pudieran controlar los precios y aumentarlos de la forma que más les conviniera. De modo que, cuando se cumplió el objetivo, el sobreprecio de las tortillas llegó a más del 27% hasta que alguien lo denunció ante la Cofece. Instancia que finalmente multó a las personas responsables.
La falta de competencia es un problema grave en México, que se traduce en sobreprecios que afectan directamente a las y los consumidores. Estos esquemas conllevan actos de corrupción, como colusión, licitaciones manipuladas y tráfico de influencias, cuyas consecuencias impactan de manera desproporcionada a las personas con menos recursos. En el sector salud, por ejemplo, la Cofece identificó un desvío de 622 millones de pesos, monto que podría haberse destinado a la compra de 727 ambulancias, 2,168 incubadoras o la construcción de cinco clínicas, cada una con diez consultorios médicos. Cada peso desviado en este sector representa una disminución directa en la atención a quienes más necesitan estos servicios.
Por ello, las acciones anticorrupción de esta institución eran especialmente relevantes. La Cofece tenía la facultad de investigar y sancionar: prácticas monopólicas absolutas, por ejemplo, la colusión entre entes competidores para fijar precios, como en el caso de las tortillas de Palenque; prácticas monopólicas relativas (como abusos de poder de mercado), las cuales son conductas asociadas con esquemas de corrupción, especialmente en sectores públicos y contrataciones gubernamentales; así como detectar acuerdos ilegales entre empresas para manipular licitaciones públicas.
El cambio de la Cofece a la nueva Comisión Nacional Antimonopolio se dio en el marco de las modificaciones normativas de simplificación orgánica de la administración pública que se presentaron en 2024, bajo argumentos de austeridad, que generaron distintos efectos como:
- Se subordinó a la Cofece, pasó de ser una institución autónoma con la misma jerarquía que cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial a ser un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía.
- El nuevo mecanismo de designación puede comprometer la imparcialidad de las personas titulares. Anteriormente, las comisionadas y los comisionados eran nombrados por el Senado a propuesta del titular del Ejecutivo, pero mediante un riguroso procedimiento a cargo de un Comité Evaluador externo. Este diseño buscaba evitar compromisos e injerencias del Ejecutivo en la toma de decisiones de quienes integraban la Comisión. Con la reforma, la Comisión Antimonopolio estará conformada por cinco personas comisionadas, designadas directamente por el Ejecutivo y solo ratificadas por el Senado.
- Se señala que el modelo es similar al de Estados Unidos, en el cual la agencia encargada de los asuntos antimonopolio tiene cierta independencia y prevalece un enfoque técnico en sus decisiones, aunque las personas comisionadas sean nombradas por el Ejecutivo. Cabe destacar que en el modelo estadounidense existe un blindaje legal en el cual las personas comisionadas están protegidas frente a despidos arbitrarios, garantizando su autonomía operativa. En contraste, aunque en México el Ejecutivo también conserva la facultad de designar a las y los comisionados, la legislación mexicana no contempla una protección legal equivalente frente a despidos injustificados.
- Se establecen sanciones más severas en contra de quienes cometan prácticas monopólicas, realicen concesiones ilícitas o proporcionen información falsa.
- Retos en la asignación de recursos. La anterior Cofece recibió en 2024 un presupuesto de 718 millones pesos en términos reales. Dado que aumentan las facultades de la Comisión Antimonopolio, por ejemplo, en las funciones de vigilancia de la competencia en materia de telecomunicaciones, queda la duda de si se mantendrán los recursos con los que contaba o incluso si se incrementarán por el aumento de sus funciones.
El mandato de la agencia antimonopolios es esencial para reducir espacios de discrecionalidad y prácticas de competencia desleal asociadas a corrupción, como licitaciones manipuladas, actos de colusión y tráfico de influencias. En el sector salud, su labor ha sido clave para disminuir los sobreprecios y garantizar que la población pueda ejercer efectivamente su derecho a la salud. Por ello, será fundamental que la nueva Comisión Antimonopolio se coordine con otras entidades encargadas del combate a la corrupción, a fin de potenciar sus resultados y, superar los niveles de efectividad previamente logrados por la Cofece. Un pendiente adicional, será monitorear si el nuevo diseño institucional hará más vulnerable a la Comisión frente a posibles presiones del Ejecutivo u otros grupos de interés.
