Diez meses tuvieron que esperar los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para volverse a reunir con el presidente de México. Una espera que da cuenta de su madurez política. El periodo electoral implicó para ellos un contexto de parálisis institucional ante la disputa partidista. Las familias quedaron en medio del fuego cruzado entre los proyectos políticos contendientes. El esclarecimiento del caso de sus hijos, al ser asumido como un compromiso gubernamental y personal prioritario del presidente, estuvo expuesto permanentemente a la manipulación e intentos de lucro político. A pesar de este contexto tan adverso, padres y madres refrendaron la dignidad de su lucha, y supieron canalizar su rabia y enojo para mantener en el centro su demanda primordial de verdad y justicia.
En el día después de la elección, en la reunión con el presidente los padres y las madres de Ayotzinapa plantaron cara al contundente triunfo de Morena y dejaron claro que, sin menoscabar los alcances de los logros del proyecto que representa la 4T, éste aún tiene pendientes profundos y de largo plazo con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, mismos que deben ser retomados en la siguiente administración.
De estos pendientes, el más significativo es el llamado a cuentas del Ejército mexicano en el contexto de la violencia generada por el crimen organizado en diversas regiones del país, incluido Guerrero. La insistencia sobre la responsabilidad militar no es ideológica, contrario a lo que el presidente afirma. La exigencia de justicia con relación al Ejército tiene asidero en evidencia específica sobre la participación de elementos concretos de las fuerzas armadas en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Toda esa evidencia ha sido obtenida con mucho esfuerzo y movilización social, gracias a la persistencia de las familias, y a pesar de la resistencia del Ejército a colaborar con la investigación desde el día cero. El ejemplo más claro de la reiterada negativa del Ejército a colaborar es la polémica alrededor de la entrega de poco más de 800 folios con información de inteligencia militar. Por poco más de un año padres y madres de Ayotzinapa exigieron la entrega de dicha información, como respuesta a su exigencia recibieron múltiples negativas sobre la existencia de los folios. Ayer en reunión con el presidente, en voz del subsecretario Arturo Medina, se reconoció la existencia de los folios, aunque se negó que tuvieran relación con el caso o que contuvieran información relevante para el mismo. Más allá de los folios, la actitud de la SEDENA empantanó una vez más el avance del caso.
A toda esta evidencia de participación del Ejército en los hechos y de su negativa a colaborar con la investigación, el gobierno ha respondido con argumentos vagos y teorías de la conspiración desde los organismos internacionales, con el objetivo de sustentar la existencia de un ataque ideológico en contra del Ejército, con lo cual se diluye su responsabilidad y se deja de lado el seguimiento a líneas de investigación que deslinden responsabilidades individuales dentro de la institución castrense.
Hay varios motivos para calificar de histórico el triunfo de Claudia Sheinbaum, algunos de ellos por el calado de las decisiones que tendrá que tomar la virtual presidenta de México, una de las más importantes será la de su postura definitiva frente a la militarización del país, si decide continuar por esa senda o empezar a marcar una diferencia. Si bien es claro que el cambio en la política de seguridad no puede ser abrupto, algunos gestos tienen un potencial simbólico fundamental. Uno de ellos es la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado reciente y lejano de México.
La verdad y la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares es una demanda y una deuda persistente de los momentos de transición política que ha vivido el país. El viraje hacia la justicia social y el segundo piso de la transformación seguirán incompletos, mientras perdure la impunidad de quienes, teniendo el deber de proteger al pueblo, han utilizado su poder para violentarlo y asegurar la ausencia de consecuencias por ello.
