El 27 de marzo de 2012, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la Recomendación 1 VG/2012 sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, que señala el conjunto de violaciones cometidas contra los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. En esta recomendación, la CNDH reconoce la responsabilidad de autoridades federales y estatales en la ejecución extrajudicial de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y en la detención arbitraria, tratos crueles, actos de tortura y empleo excesivo de armas de fuego, entre otros, en contra de quienes se encontraban en dicha manifestación.
Estos sucesos trágicos, que tuvieron lugar en la Autopista del Sol, forman parte de los ciclos de demanda-protesta-represión entre el alumnado y los representantes de la administración estatal en turno. Ciclos que durante décadas han mantenido en su epicentro una serie de carencias en materia presupuestaria, de infraestructura y de contenidos en la currícula de formación de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Tal como los normalistas señalan en un posicionamiento público difundido el pasado 28 de marzo, el informe de la CNDH reconoce en su conjunto que las demandas que dieron origen a la protesta “son justas y legítimas, ya que el derecho humano a la educación es irrenunciable.”
Es sobre la legitimidad de sus demandas por la satisfacción y cumplimiento del derecho a la educación donde nos interesa enfocar nuestra atención para poner sobre relieve la necesidad de atender de forma integral y adecuada las causas estructurales que se encuentran de fondo en sus reclamos. Es primordial evitar que estos lamentables hechos se vuelvan a repetir.
Como cada año, este conjunto de necesidades provoca que representantes de las organizaciones estudiantiles de la normal rural elaboren un pliego petitorio que hacen llegar a las autoridades del estado. Aunque las generaciones de alumnos cambian, las demandas por lo general guardan cierta consistencia: se trata de solicitudes relativas al incremento en el presupuesto para la alimentación, el mejoramiento de las instalaciones y de la infraestructura, en los términos y las bases de la convocatoria para las y los aspirantes de nuevo ingreso, en el aumento del número de matrículas, en garantías para la permanencia de este plantel como modelo de oferta educativa en la región y en la generación de empleo para sus egresados.
Como cada vez es más común en nuestro país, la demanda de los normalistas fue expuesta pero no fue escuchada, ni cumplida. Por lo general, los funcionarios muestran falta de voluntad política, lo que deviene en la protesta social (la única forma en que estos sectores pueden lograr una interlocución más directa para hacer escuchar sus demandas). Y es en el marco de la manifestación pública de estas exigencias donde los alumnos se encuentran con medidas represivas y abusos de las fuerzas policiales. En años recientes, estos ciclos se pueden constatar en otras manifestaciones similares, además de la manifestación de 2011.
A las acciones represivas contra las escuelas normales rurales se suman una serie de reformas en materia educativa que han generado condiciones poco propicias para que los alumnos se formen como docentes de educación primaria de acuerdo a más altos estándares en materia del derecho a la educación. Las reformas en materia educativa implementadas en las últimas tres décadas debilitaron aún más el sistema de las escuelas normales rurales, y por ende, la capacidad del Sistema de Educación Pública de atender las necesidades de educación primaria, formación y empleo del sector rural campesino e indígena.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano de la Educación, son dos las reformas que más han impactado de manera negativa al sistema de las normales. La primera fue la de 1984, en la que la SEP desarrolló un plan de estudios de educación básica equivalente al nivel de licenciatura con la finalidad de formar docentes. En el caso de la escuela normal rural de Ayotzinapa, esta reforma implicó el cierre del programa de bachillerato. La segunda, la descentralización de la educación básica y normal en 1993, restringió los alcances (antes nacionales) de las escuelas normales rurales a los límites geográficos de los estados en que están situadas.
Una tercera reforma, en 1997, modificó el plan de estudios y con ello debilitó el modelo pedagógico de las normales rurales (que enfatiza la enseñanza desde la práctica, sobre todo con el trabajo agrícola y en el campo) para estandarizar el currículum y redirigir el enfoque de contenidos hacia el aula. Como resultado de esta reforma, los módulos agrícolas, los talleres de carpintería, de herrería y de manualidades se vuelven opcionales y dejan de contar con un presupuesto garantizado y asignado. A su vez, está reforma incorporó nuevos métodos de evaluación que enfatizan una estandarización de la enseñanza que impactó de manera adversa el modelo pedagógico que históricamente daba sustento al modelo de las normales rurales.
Como parte de las recomendaciones presentadas en su informe, la CNDH se dirige al gobernador Aguirre Rivera para que revise las políticas públicas en materia educativa y verifique “que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero”. Así también, para que se “instrumente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente, las de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
A la luz de las recomendaciones contenidas en dicho informe, consideramos que la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa requiere de condiciones favorables para la realización de sus estudios –tanto para las generaciones actuales como para las futuras–, junto con infraestructura y condiciones adecuadas. Ello sentaría importantes bases para que el sistema de escuelas normales rurales forme parte de políticas educativas encaminadas a revertir el acceso desigual a la educación que persiste en el estado de Guerrero.
Miguel Moguel y Mariana Mora
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