Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Article 19, oficinas para México y Centroamérica, expresamos nuestra preocupación por la ausencia de regulación en materia de publicidad oficial dentro del dictamen de la Reforma Política; a pesar de que figuraba en varias de las iniciativas propuestas por el PAN y el PRD.
En vista de dicha omisión, hacemos un enérgico llamado a las y los Senadores para que incluyan el siguiente transitorio en el dictamen de la reforma política: TRANSITORIO: El Congreso de la Unión deberá, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, expedir una Ley General sobre propaganda gubernamental que regule el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta ley se aplicará a los tres ámbitos de gobierno y deberá definir procesos y criterios de planeación, asignación, contratación, transparencia, evaluación y fiscalización de la propaganda gubernamental. La ley General deberá considerar las siguientes bases y principios. I) Establecer como ámbito de aplicación de la ley a la federación, los estados y municipios, a los tres poderes de gobierno y organismos autónomos y descentralizados. ii) Establecer de manera clara la definición de publicidad oficial como todos los espacios que los gobiernos de todos los niveles compran a los medios de comunicación y otros soportes para realizar anuncios. iii) Definir con claridad el contenido de la publicidad oficial y establecer objetivos acordes a la utilidad pública. iv) Establecer que la información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede ser engañosa. v) Regular las diferentes etapas vinculadas a la producción, contratación, distribución y control de la propaganda gubernamental. vi) Establecer como principio de la asignación de publicidad oficial el interés público, transparencia, rendición de cuentas, rating, cobertura geográfica, público objetivo, no discriminación, equidad, eficiencia y buen uso de los fondos públicos. vii) Definir un uso eficiente de los tiempos del estado. viii) Determinar los mecanismos de planeación del presupuesto asignado a publicidad oficial. ix) Establecer la obligación de publicar y poner a disposición del ciudadano de manera actualizada el desglose del gasto en publicidad oficial, los contratos, e información sobre las campañas y los medios contratados. x) Fijar límites al gasto en propaganda gubernamental. xi) Establecer un mecanismo de control externo de fiscalización del gasto destinado a publicidad oficial. xii) Establecer los mecanismos para promover la diversidad y el pluralismo de medios. xiii) Establecer los tipos de sanciones ante el incumplimiento de la Ley. Desde la pasada reforma electoral constitucional del 2007, los legisladores tienen la obligación de regular el artículo 134 sobre el uso de la publicidad oficial. Seis años después no han ni debatido, ni aprobado ninguna de las once iniciativas que se presentaron en el Congreso para regular esta materia.
Tampoco han sido congruentes con los acuerdos manifestados por todos los partidos políticos al firmar el Pacto por México, cuyo compromiso 95 prevé el establecimiento de “una instancia Ciudadana y Autónoma que Supervise contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación” que se tendría que legislar en el segundo semestre de 2013. No se podrán construir las bases de una verdadera democracia mientras el ejercicio de la libertad de expresión se encuentre coartado por los gobiernos. Es necesario solucionar el uso discriminatorio, opaco y desvirtuado de la publicidad oficial y el derroche de recursos públicos que se deriva de esto.
La publicidad oficial debería tener un uso limitado y regulado. Sin reglas claras, la publicidad oficial se transforma en desinformación con contenidos propagandísticos y en una herramienta para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de su línea editorial: “no te pago para que me pegues”. Estos vínculos financieros opacos entre medios y gobiernos sientan las bases de una relación en la cual los intereses económicos y políticos limitan la pluralidad informativa, el derecho a saber y la libertad de expresión. Instamos a los Senadores a que cumplan cabalmente con su función legislativa y reanuden su compromiso en avanzar hacia una regulación de la publicidad oficial incluyendo el transitorio en el dictamen de la Reforma Política. Esta carta fue suscrita por un grupo amplio de organizaciones y redes que podrás consultar en la página www.publicidadoficial.com
Por: Justine Dupuy
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