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Tras una larga lucha de pueblos, comunidades y organizaciones para que esta iniciativa vea la luz, finalmente la próxima semana se dará un paso trascendental en el Congreso para trastocar las condiciones de violencia, desigualdad y racismo institucional en las que viven nuestros pueblos originarios.
Lo ausente en el discurso son los impactos que generará en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales el no contar con el INAI.
Hay de herencias a herencias, y la LXV Legislatura que concluyó nos deja dictámenes sumamente regresivos que ponen en peligro el ejercicio de los derechos de todas y de todos.
Es al menos contradictorio que se destinen sitios de memoria, se hagan memoriales o se instauren monumentos con tendencia oficiosa mientras la impunidad sigue siendo la norma y los perpetradores, intocables.
Sin duda, la sentencia resulta trascendente e histórica para todas las víctimas de la represión del Estado en la década de los 70 pues no sólo analiza el caso de la desaparición forzada de Rosendo como un hecho aislado, sino en el marco de un contexto que fue parte de una estrategia del Estado que implicó diversas violaciones graves a derechos humanos.
Estamos a días de que se apruebe una de las reformas más trascendentales para el país. Sin embargo, esta reforma no busca combatir la impunidad; en su lugar, plantea salidas como la tómbola, como si los perfiles que deciden sobre nuestros derechos pudieran dejarse al azar.
Las trabas para obtener información, más la desaparición del órgano especializado en la materia y su sustitución por mecanismos laxos ponen en riesgo nuestro derecho al acceso a la información.
Repensar la fiscalidad desde la Economía Feminista es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible. Al integrar la perspectiva de género en la toma de decisiones fiscales, es posible crear políticas que no solo promuevan la igualdad, sino que también protejan el medio ambiente y fortalezcan la democracia.
Históricamente se ha asignado poco presupuesto para garantizar la SSyR de las mujeres, sobre todo de aquellas en mayor situación de vulnerabilidad.
La Alianza de pueblos originarios exige al nuevo Congreso que concrete la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, como lo prometió la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa busca dar marcha atrás a una lucha ciudadana que sacó de la opacidad el quehacer gubernamental y regresar a un diseño institucional que mostró limitaciones, al ser juez y parte en la entrega de información.
Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos son las víctimas del caso Ayotzinapa; no lo son ni el presidente de la República ni el Ejército. Aunque la afirmación anterior pareciera una obviedad, es necesario recordarlo y precisarlo.
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