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En la búsqueda de incentivar la inversión a través de estímulos fiscales, el gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.
Resulta indispensable que la titular del Ejecutivo y el Congreso retomen estos compromisos para que el Plan México no se convierta en un instrumento para imponer megaproyectos extractivos sin límite alguno en los territorios indígenas.
La SCJN conocerá nuevamente el caso de Rosendo Radilla, 14 años después de resolver que la sentencia de la CoIDH sobre la responsabilidad del Estado Mexicano por su desaparición forzada es de cumplimiento obligatorio. En estos años, las respectivas autoridades se han negado a enjuiciar al Ejército como responsable.
Los usos y costumbres en la política confirman la tradición de ver a lo público como propiedad de unas cuantas personas que ha permitido repartirse los cargos a diestra y siniestra.
Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que sólo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto.
La búsqueda en vida sostiene la esperanza y el anhelo de que un día, por utópico que parezca, podrán ver regresar a sus seres queridos.
La promesa de transformación de la justicia no será por méritos ni por la independencia de los perfiles, sino un ejercicio deficiente, apresurado y a los designios de los resultados de la tómbola. Las víctimas de este país no merecen esto.
Lamentablemente, en México, las políticas anticorrupción han sido poco efectivas y no han incorporado una perspectiva de género y de derechos humanos.
Una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente.
A mediados de 2017 y después de arduos trabajos en conjunto con la sociedad civil y organismos internacionales, fue aprobada la Ley General en Materia de Tortura.
Los pueblos originarios podrán ejercer de manera más libre y autónoma de los recursos destinados para ellos en el Anexo 10 y en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 33, como primeros pasos tras su reconocimiento como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
México debe asumir un liderazgo firme y proactivo y los foros internacionales de este año serán los espacios ideales para que nuestro gobierno se posicione decididamente a favor de la justicia fiscal.
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