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Una política cultural verdadera no debería depender de un Mundial de Futbol, sino que tendría que sostenerse durante todo el año, llegar a todo el territorio y evaluarse con datos, no con celebraciones circunstanciales.
Las protestas sociales son una de las formas que adquieren las injusticias, son demandas que se formulan en exigencias concretas.
Los fideicomisos del Mundial permiten que actores privados tomen decisiones sobre recursos públicos sin claridad sobre quiénes participan, cómo se invierte el dinero y qué proyectos se financian.
A pesar de su relevancia, el patrimonio cultural no tiene un lugar claro en las herramientas con las que el país mide su economía.
Sin una planificación estructurada, la transición energética puede volverse desordenada, generar incertidumbre económica y retrasar las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática.
Aún con la existencia del Anexo 13 como herramienta de transparencia presupuestaria, hoy en día, no es posible conocer la totalidad de los recursos que las distintas instituciones de salud pública federales están asignando para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres.
La Ciudad de México es la primera entidad en la que se ha impulsado un Sistema de Cuidados; será necesario ir revisándolo, adecuándolo y evaluándolo de tal manera que retome las necesidades de las mujeres y sirva como referente para las demás entidades.
El debate sobre el fracking no debería reducirse a si México necesita más gas, sino a si existen condiciones institucionales reales para prevenir daños ambientales.
La política fiscal no es un asunto técnico aislado, sino que se traduce en quién tiene garantizada una pensión, qué comunidades quedan protegidas frente a la crisis climática y qué vidas se consideran prioritarias cuando se decide el destino del dinero público.
Construir alianzas reales supone escuchar, ceder espacios, redistribuir recursos y reconocer privilegios. Significa también abandonar la lógica de competencia entre causas.
Una verdadera política intercultural no busca que las mujeres indígenas abandonen sus raíces para acceder a modelos de desarrollo que les son ajenos, sino que puedan vivir con dignidad fortaleciendo su lengua, su cultura y sus formas propias de organización.
La CIDH reconoce que la situación actual en México debe caracterizarse como una crisis de derechos humanos donde las desapariciones son generalizadas.
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