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El debate sobre el fracking no debería reducirse a si México necesita más gas, sino a si existen condiciones institucionales reales para prevenir daños ambientales.
La política fiscal no es un asunto técnico aislado, sino que se traduce en quién tiene garantizada una pensión, qué comunidades quedan protegidas frente a la crisis climática y qué vidas se consideran prioritarias cuando se decide el destino del dinero público.
Construir alianzas reales supone escuchar, ceder espacios, redistribuir recursos y reconocer privilegios. Significa también abandonar la lógica de competencia entre causas.
Una verdadera política intercultural no busca que las mujeres indígenas abandonen sus raíces para acceder a modelos de desarrollo que les son ajenos, sino que puedan vivir con dignidad fortaleciendo su lengua, su cultura y sus formas propias de organización.
La CIDH reconoce que la situación actual en México debe caracterizarse como una crisis de derechos humanos donde las desapariciones son generalizadas.
Miles de madres en México viven el 10 de mayo desde la ausencia de sus hijas e hijos desaparecidos, encarcelados injustamente o víctimas de violencia e impunidad. Ante la falta de respuestas del Estado, muchas se han convertido en activistas y defensoras de derechos humanos, encabezando búsquedas, investigaciones y exigencias de justicia.

La democracia mexicana se sostiene en un pilar fundamental: el Poder Ejecutivo y Legislativo son elegidos por la ciudadanía, cada tres o seis años, para que gobiernen y/o aprueben leyes a favor del bien común o de la mayoría. Dado que su mandato deriva de la ciudadanía, las personas gobernantes están obligadas a justificar y […]

Las niñas, niños y adolescentes jornaleros en México enfrentan condiciones de pobreza, migración y precariedad que vulneran derechos fundamentales como educación, salud, descanso y protección. Muchas infancias asumen responsabilidades adultas desde edades tempranas, abandonan la escuela o participan en labores agrícolas mientras sus familias migran entre estados en busca de trabajo. Aunque la legislación mexicana reconoce plenamente sus derechos, persisten rezagos estructurales y falta de infraestructura en comunidades rurales y zonas agrícolas.
Para el Gobierno mexicano lo congruente con una visión humanista sería apostar por el fortalecimiento y la legitimidad del multilateralismo.
La transición energética en México requiere abandonar el fracking y los combustibles fósiles ante la crisis climática, y fortalecer mecanismos como el FOTEASE. Sin embargo, persisten fallas en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que limitan evaluar su impacto y garantizar que los recursos públicos realmente impulsen una transición energética justa.
Las autoridades deben salir de sus escritorios y voltear a ver y escuchar a las mujeres jornaleras y su cruda realidad.
La activación del artículo 34 de la ONU evidencia que la crisis de desapariciones en México es estructural y de derechos humanos; el texto plantea que negar este diagnóstico implica rechazar cooperación internacional y frenar un cambio de paradigma hacia la verdad, la dignidad y la participación de las víctimas.
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