Blogs

Ignorar a los pueblos indígenas para despojarlos de su agua es una estrategia sistemática de exclusión y vulneración de derechos que se traduce en una forma de violencia estructural e implica la negación de su existencia como sujetos colectivos con derechos.
Otro 10 de mayo donde una diversidad de madres buscadoras saldrá a las calles a demandar la presencia de sus seres queridos desaparecidos: hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres. La movilización da cuenta de una colectividad viva que resiste pese al paso del tiempo y la continuidad de los daños. Pero no llegan todas.
Nuestras economías deberían comenzar a adaptarse a modelos productivos que tomen en cuenta el futuro de nuestro planeta.
Los controles, mecanismos de seguimiento y la amplia transparencia en las compras públicas son esenciales para evitar que se abuse de figuras ventajosas para ciertas entidades proveedoras, se contraten a empresas que realmente no cuentan con la capacidad técnica ni financiera o se acuerde con proveedores que han sido sancionados o de reciente creación.
Construir una justicia climática desde los territorios requiere un cambio radical en los modelos económicos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se alinea al mandato de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para transitar hacia un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos originarios, que parta del respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía basada en un trato justo e igualitario.
Los recursos deben llegar a aquellos programas que realmente tienen un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Sólo así podremos enfrentar de forma efectiva uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo.
La respuesta no es sencilla, pues primero hay que saber si se pretende encontrar a todas las personas, dar identidad y devolver a casa a los cuerpos sin nombre que son buscados por alguien, o se quiere prevenir que más desapariciones ocurran.
Millones de pacientes enfrentan a diario las consecuencias de un sistema de salud público rebasado, insuficiente en infraestructura y personal.
Uno de los principales problemas de las renovables en nuestro país ha sido la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del Estado. Frente a la actual crisis climática global, México debe actuar congruentemente al ser un país firmante del acuerdo de Escazú, donde se comprometió a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
A diferencia de los recursos y garantías cuidadas para otras elecciones, las judiciales se han ejecutado con prisas.
Es fundamental cambiar cómo entendemos el cuidado –y el trabajo– para reconocerlo como el tejido que permite la existencia.
Secret Link