Con el INAI también se eliminaron los esfuerzos construidos por más de 20 años por la ciudadanía que puso a México como un referente en materia de transparencia. Por ello, lo que sigue es mantener y rescatar algunas de las herramientas que quedan, como la Plataforma Nacional de Transparencia.
La desaparición del INAI no se reduce a la mera eliminación de burocracias y costos, sino que implica la pérdida del órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Los países en desarrollo y quienes sufren mucho más los impactos del cambio climático adquirirán deudas con aquellos que son responsables de la crisis climática por la que atravesamos. La financiación climática por medio de préstamos resulta en una forma injusta de obtener recursos.
El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2025) revela que los recursos para la atención de la violencia disminuirán 14% en relación con los aprobados en 2024.
A pesar del énfasis que ha hecho la presidenta en fortalecer la seguridad, así como asegurar desde su campaña que México sería potencia en la educación, la cultura y la ciencia, los números cuentan otra historia.
El número de denuncias sostenidas anualmente reflejan que sigue siendo una práctica sistemática cometida por autoridades de todos los ámbitos de gobierno.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La exigencia por el reconocimiento de “sujeto de derecho público” no es algo novedoso que surgiera al calor de la actual reforma, sino que es producto de demandas históricas que se remontan al levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, cuyas exigencias cristalizaron en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados dos años después entre el EZLN y el Estado mexicano.
El 79 % de las agresiones y acosos que viven las mujeres ocurren en las instalaciones del trabajo y los principales agresores de las víctimas han sido sus compañeros de trabajo, seguido de sus jefes, de acuerdo con el INEGI.
La ley reglamentaria de la reforma en materia de pueblos indígenas debe partir de una consulta a estos pueblos organizada por el Poder Legislativo, que garantice su derecho a la participación en las decisiones que les afecten.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han iniciado este sexenio con la sensación de que, para la presidenta, el problema de las desapariciones no existe.
