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El próximo lunes 21 de julio el IMSS ofrecerá una disculpa pública a la familia de Marisol Martiriz Guzmán, como reparación por su muerte y la de su bebé durante el parto hace 10 años. Pero esta disculpa debe llevar consigo el compromiso inequívoco del Estado Mexicano de implementar a cabalidad todas las medidas de no repetición. El IMSS e IMSS BIENESTAR deberán redoblar esfuerzos y garantizar la transformación de sus hospitales, y con ello evitar más muertes maternas.
Porque cada peso que el Estado decide no cobrar por la exención del IVA a la vivienda es un peso que no llega para garantizar la vivienda digna.
Los tribunales en México no solo son espacios legales, sino también escenarios de producción de desigualdad racial y erradicar el racismo judicial implica mirar la estructura entera que ha permitido perpetuar esta desigualdad.
Que la apuesta principal de este Gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas sea un esquema de cruce masivo de datos, manda un mensaje desalentador para las víctimas. Implícitamente pareciera un intento por negar la realidad criminal que rodea al fenómeno, con las distintas formas de complicidad desde el Gobierno, y con ello, una renuncia a la verdad y la justicia.
La nueva estrategia de industrialización del país debería promover la salud pública y evitar que los costos económicos que provocan las industrias del tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y alimentos ultraprocesados sigan siendo absorbidos por la población mexicana.
La lucha del Orgullo es contra la discriminación estructural, los estereotipos y los prejuicios, pues éstos continúan siendo barreras para ser, amar y vivir en libertad y dignidad.
En México el riesgo de sufrir tortura es alto, sobre todo si la persona es detenida por cuerpos policiacos, de acuerdo con el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial contra la Tortura.
El cambio de la toga por el uso del traje tradicional, que tanta polémica ha suscitado, es sólo uno de los cambios simbólicos que anuncian el rostro de la nueva justicia.
Entre 2019 y 2025, el gobierno implementó distintos esquemas de compra de medicamentos que no ha funcionado y a provocado desabasto, a cargo de actores tan variados como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la UNOPS, el extinto Instituto de Salud para el Bienestar y, ahora, Birmex.
Legitimar la pérdida de los padres buscadores y reconocer su lucha, es un acto mínimo de justicia social.
Promover la inserción laboral femenina en ausencia de un sistema que redistribuya y reduzca sus cargas de cuidado es condenarlas a una doble jornada invisible y continuar limitando su autonomía. Del mismo modo, si no se crean empleos en sectores intensivos en cuidado —como salud, educación, alimentación— no se avanza en la remuneración y reconocimiento de estos trabajos fundamentales.
Hasta el momento, no existe un marco normativo que regule y asegure la protección de las personas alertadoras de la corrupción y de actos indebidos en México.
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