El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se alinea al mandato de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para transitar hacia un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos originarios, que parta del respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía basada en un trato justo e igualitario.

Uno de los principales problemas de las renovables en nuestro país ha sido la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del Estado. Frente a la actual crisis climática global, México debe actuar congruentemente al ser un país firmante del acuerdo de Escazú, donde se comprometió a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.

El Plan México debe renovar los ordenamientos legales e instituciones del derecho ambiental y sanitario, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a definir sus planes de desarrollo y para evitar la impunidad con que operan empresas que han causado desastres ambientales.