El 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, una fecha que destaca el derecho de todas las personas a recibir una remuneración igual por trabajo de igual valor. Desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que hombres y mujeres deben recibir el mismo salario no solo por trabajos iguales o similares, sino también cuando realizan trabajos diferentes, pero de igual valor. Aunque esta es una demanda histórica del movimiento feminista [1], aún persisten profundas desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso de las mujeres a una remuneración justa.
En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, lo que limita su participación en el mercado laboral formal en condiciones de igualdad. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, esta carga de trabajo, sumada al empleo remunerado, implica que las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres cada semana.
Es fundamental que, para reducir la brecha salarial, el Estado invierta en servicios de cuidado y protección social accesibles y de calidad, como guarderías, centros de atención para personas mayores y servicios de salud. Estas inversiones contribuirían a redistribuir y reducir la carga de trabajo de cuidados que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, y generarían empleos formales en un sector históricamente desvalorizado.
Para que esto sea posible, es necesario que la política fiscal sea replanteada desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, y sea utilizada como un mecanismo para combatir las desigualdades estructurales, que reconozca los aportes del trabajo de cuidados para el funcionamiento de la economía y la sociedad y que ponga el bienestar de las personas, la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente al centro [2].
