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Ciudadanía en Oaxaca: la expectativa del cambio

El actual gobierno de Oaxaca representa la violación a los derechos humanos, la opacidad en el uso de recursos públicos y la ineficacia de las políticas públicas; frente a este tipo de autoridad existe una población con expectativas de cambio y que continúa actuando por la exigencia de sus derechos. A partir de la elección del pasado 4 de julio, las expectativas de cambio han aumentado frente a un nuevo gobierno emergido de la oposición. No obstante, existen expresiones ciudadanas que no sólo están a la espera de las acciones del nuevo gobierno, sino que asumen la tarea de mejorar la acción pública. Un ejemplo de ello lo ha dado el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET) que no ha cesado en la exigencia de derechos frente a las instituciones de justicia estatales.

En Fundar tenemos especial interés en capacitar y acompañar a organizaciones que defienden derechos humanos al agregar a sus herramientas de trabajo el derecho a la información y el análisis presupuestario. Con ellas, las organizaciones civiles pueden ir resquebrajando el duro caparazón de las instituciones de gobierno que se niegan a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones que emergen de derechos reconocidos y el uso los recursos públicos. CEPIADET, es una organización de abogados y profesionistas indígenas comprometida en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos lingüísticos. Es decir, busca garantizar que toda persona indígena no sea expuesta a una situación de desventaja y discriminación, particularmente frente a las instituciones de justicia. El trabajo de ambas organizaciones se concentra en asegurar que la Procuraduría Estatal, los tribunales y las dependencias relacionadas, asuman la obligación de garantizar el acceso a la justicia a los hablantes de lenguas indígenas. Este derecho se establece en la Constitución General y la local, así como en diversos instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales. Además, este derecho ha generado jurisprudencia del la Suprema Corte.

A la fecha, CEPIADET ha enviado a las instituciones de justicia de Oaxaca, y a las federales, 97 solicitudes de información relacionadas con este derecho. Esta organización no cesa en cuestionarles cómo cumplen las autoridades judiciales con las obligaciones de garantizar los derechos lingüísticos de las y los indígenas, con cuántos intérpretes y traductores cuentan, en cuántos juicios han participado intérpretes y traductores; y, cuánto presupuesto han destinado para cumplir con estos propósitos. Las respuestas han comenzado a llegar y son tan absurdas como el desempeño mismo de las instituciones del Estado: no hay traductores ni intérpretes, las instituciones judiciales no se preocupan por certificarles, hay jueces que parecen no interesarse en el tema -incluso algunos desconocen la legislación en cuestión- y algunos funcionarios no vacilan en evidenciar perspectivas discriminatorias.

El panorama actual es desalentador, pero gracias a las herramientas en materia de transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos, la población se ha ido dotando de información vital para conocer la gravedad de la situación. Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, creemos que este es un paso muy importante para iniciar los procesos de cambio.

Para conocer el trabajo de CEPIADET en años anteriores, ver este video.

Daniela Ramírez