De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI, en México existen 31.7 millones de personas cuidadoras, de las cuales el 75.1 % son mujeres. Ellas dedican, en promedio, 38.9 horas semanales a estas tareas. Del total de mujeres cuidadoras, el 56.3 % también trabaja en el mercado remunerado, enfrentando una doble jornada laboral al llegar a casa a atender a hijos, adultos mayores o personas con discapacidad.
Desde hace décadas, el movimiento feminista y el grupo amplio de mujeres ha cuestionado el modelo económico y social en la región de América Latina y el Caribe, que se sostiene por el trabajo de cuidados y que este recae principalmente en las mujeres, y empezó una lucha porque se reconociera el cuidado como un trabajo que realizan las mujeres principalmente. De igual forma que es un derecho humano reducir la carga física y mental para quienes cuidan, y redistribuir el tiempo y las responsabilidades de manera equitativa.
Como resultado de esa lucha, en 2025 ocurrieron dos hitos muy importantes. Por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho humano al cuidado a través de la opinión consultiva 31/25, en sus tres dimensiones: derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado.
Por otro lado, en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en 2025, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apostó por avanzar hacia una sociedad de cuidados, reconociendo que la actual organización social en torno a estos en la región es injusta y desigual, y ha afectado históricamente a las mujeres, adolescentes y niñas, en particular a las indígenas y afrodescendientes, porque asumen desproporcionadamente este trabajo no remunerado, lo que frena su autonomía, proyecto de vida y su incorporación al mercado laboral.
Estos hitos marcan precedentes para los Estados en materia de cuidado, como el deber de adoptar distintas medidas en el ámbito legislativo, económico, laboral, social, cultural y ambiental. La CEPAL traza una ruta en tres grandes áreas para avanzar en estas obligaciones:
1. Marcos normativos, institucionalidad, participación y fortalecimiento de capacidades estatales
Entre otras cosas se propone que los Estados fortalezcan los mecanismos para el adelanto de las mujeres, la creación al más alto nivel jerárquico de instancias especializadas de género; impulsar políticas públicas y medidas legislativas y de carácter electoral, y temporal, que garanticen la representación paritaria de todas las mujeres en todos los ámbitos y niveles; y para que las mujeres tengan acceso al empleo pleno y productivo; servicios de salud integrales, incluidos los servicios de salud mental, salud sexual y salud reproductiva, derechos sexuales y los derechos reproductivos incluidos el acceso a servicios de aborto seguros, incorporación de medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, basadas en principios de derechos humanos, para las mujeres que sean la fuente primaria o única de cuidados.
2. Financiamiento y cooperación
Entre otras cosas se propone incrementar significativamente el financiamiento destinado a abordar las desigualdades de género en las dimensiones económica, social y ambiental, mediante la movilización del máximo de recursos disponibles a nivel local, nacional e internacional para el diseño e implementación de políticas de igualdad sustantiva de género y de sistemas integrales de cuidados.
Asimismo, impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas; asignar presupuestos con perspectiva de género; e implementar mecanismos específicos e innovadores de financiamiento que garanticen recursos suficientes, sostenibles, intransferibles y adecuados para todos los niveles y ámbitos de la política pública orientada a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, incluido el derecho al cuidado. Fortalecer la cooperación regional para combatir la evasión y la elusión fiscales, así como los flujos financieros ilícitos, y mejorar la recaudación fiscal de los sectores con mayores niveles de ingreso y riqueza mediante impuestos a la renta corporativa, la riqueza y la propiedad.
3. Sistemas de información, comunicación, tecnología, seguimiento y rendición de cuentas
Plantea entre otras cosas integrar la perspectiva de género en los sistemas estadísticos nacionales mediante el trabajo conjunto entre personas productoras y usuarias de datos; garantizar un presupuesto suficiente y mediciones constantes para difundir información de manera oportuna; adoptar enfoques que visibilicen las múltiples formas de discriminación (por edad, raza, etnia, migración, orientación sexual) y mapear geográficamente la oferta y demanda de cuidados; desarrollar indicadores más allá del PIB que valoren el trabajo de cuidado no remunerado y midan su impacto en la economía y el bienestar; y producir datos ambientales desagregados para diseñar políticas de sostenibilidad con análisis de género.
Las directrices de la CEPAL son un precedente importante para que los Estados avancen. Sin embargo, para consolidar el Sistema Progresivo de Cuidados en México, que se instaló desde 2025, en un contexto de profundas desigualdades sociales, territoriales y de género en los que particularmente viven las mujeres indígenas, afromexicanas, campesinas, jornaleras etcétera, será necesario enfatizar más en el impulso de los compromisos relacionados con la transparencia, rendición de cuentas, de mecanismos de participación ciudadana en el diseño, implementación a nivel nacional, en los estados y municipios.
Ley de Cuidados en la Ciudad de México
La Ciudad de México es la primera entidad en la que se ha impulsado un Sistema de Cuidados y será necesario ir revisando, adecuando y evaluando de tal manera que retome las necesidades de las mujeres y sirva como referente para las demás entidades.
La vigilancia de la asignación y ejercicio de los recursos es fundamental; por ejemplo, en 2026 se creó el Anexo 31 para la Consolidación de una Sociedad de Cuidados, donde se puede identificar que se siguen reproduciendo ciertos patrones a la hora de integrar el Anexo, que surge con 468,641 millones de pesos (1.2 % del PIB) y 47 programas presupuestarios a cargo de más de 19 dependencias del gobierno.
No obstante, los programas que están alineados directamente a los objetivos del Anexo, como el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, el de Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de sus Causas, el de Política en Salud Materna Sexual y Reproductiva, concentran menos del 1 % de los recursos del Anexo en comparación con programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que concentra el 26 %, o el programa Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, que concentra el 28 %.
La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son claves para dar seguimiento a la consolidación del Sistema Progresivo de Cuidados. Asegurar la participación de las mujeres en su diseño, implementación y evaluación permitirá que se consideren sus necesidades y prevenir la opacidad y actos irregulares como el desvío de recursos, en donde serán las mujeres las más afectadas.
